Ciudadana Cristina

JAMÁS el Rey podía haber imaginado que seis palabras de las pronunciadas en su mensaje de Nochebuena de 2011 ("la Justicia es igual para todos") afectarían a una de sus hijas. La imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos representa un hecho histórico. Primero porque aunque se trate de una figura procesal sin más consecuencias prácticas que la de declarar acompañada de abogado, ya se ha convertido en la primera integrante directa de la Familia Real, que si no prospera el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, es citada a declarar. Con lo que eso daña la imagen de la Monarquía. Y segundo porque a partir de ahora se abre una nueva etapa judicial, social e institucional. Judicial porque si finalmente la Infanta, la misma que en 1989 se convertía en la primera mujer de la Casa Real con un título universitario, acude a declarar; tendrá que desmontar fehacientemente los 14 indicios que ha encontrado el juez para citarla. La imputación no significa que vaya a ser procesada pero Cristina tendría que demostrar que no se benefició del negocio ilícito que montó su marido. Lo de conseguir contratos millonarios adjudicados a dedo por parte de los Gobiernos de Baleares y de Valencia, en manos del PP, a través de un instituto sin ánimo de lucro. Nadie controló que el dinero público adjudicado, hasta 6 millones de euros entre 2004 y 2006, se correspondía con lo realmente gastado y acabó en la caja de empresas privadas, propiedad de Urdangarin y de su entonces socio, Diego Torres; ahora principal culpable de que se siente en el banquillo.

Judicialmente lo que tendrá que demostrar la Infanta si acude a declarar es que, siendo vocal directiva de Nóos y copropietaria de Aizóon, empresa que compartía con su marido y que se utilizó para desviar parte de esos seis millones, no fue cooperadora necesaria de los delitos que se le atribuyen a su marido. Tendrá que demostrar si como se constata en los últimos correos electrónicos aportados por Torres, Urdangarin le consultaba todas las actividades de la entidad antes de tomar una decisión. Y si aun no apareciendo en el sumario su firma vinculada a la toma de decisiones o a la administración de fondos, prestó o no su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas. Eso. Ni más ni menos.

Ha tenido que transcurrir un año para que la estrategia puesta en marcha el 12 de abril de 2012 por el ex socio de Urdangarin tuviera éxito. Las bombas (Torres, dixit) han explotado en Zarzuela. La táctica de facilitar al juez, de manera dosificada, cientos de mails que sacó de los ordenadores que compartía con el duque de Palma, ha convertido a priori a Torres en ganador pese al recurso presentado para evitar la fotografía de la Infanta entrando en los juzgados y pese a dar Zarzuela un golpe de efecto eligiendo a Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, para defenderla aún no estando especializado en Derecho Penal sino en Mercantil y Fiscal.

Socialmente la etapa que se abre ya no admite engaños. Con 5 millones de parados ha calado la sensación de que mientras unos se levantan de madrugada para ir a trabajar otros se lo llevan crudo. Y es en este contexto donde la calle quiere comprobar si la ciudadana Cristina Federica de Borbón y Grecia es igual ante la Justicia. La misma igualdad que pedía por cierto el Rey, pero para otros ámbitos, en la entrevista que concedió a TVE con motivo de su 75º cumpleaños cuando aseveró eso de que "falta una España más igualitaria".

Ante este escenario alguien debería ofrecer ya una explicación clara y convincente. Las épocas del "no comment" deben quedar atrás. En Política (donde el Gobierno debe dejar claro también las reuniones con Corinna) y en Monarquías. La Casa Real no puede aguantar ni un día más sin dar explicaciones. ¿Qué es eso de "no comentamos decisiones judiciales" o que se muestran "sorprendidos" por la actitud de Castro?. Lo que estamos viviendo era el peor escenario para La Zarzuela pero tenía que estar previsto. No vale que quede todo en apartar de la agenda oficial a determinadas personas. Los problemas en la Monarquía británica comenzaron cuando en las fotografías oficiales el número de personas no relacionadas históricamente con los Windsor aumentaba. En España ha ocurrido lo mismo. De un tiempo a esta parte se ha traspasado la frontera de lo moralmente aceptable. Aquello de que si una Monarquía no es ejemplar, no sirve.

Desde hace varios años circula por La Zarzuela un estudio titulado "Monarquías como marcas corporativas", dirigido por el profesor John M.T. Balmer, de la Universidad británica de Bradford. En él se analizan las fortalezas y debilidades de las Casas Reales europeas. Entre sus activos, el informe enumera por ejemplo la estabilidad política que proporcionan al Estado o su refuerzo de la imagen exterior del país. Sin embargo, el estudio afirma que si las Monarquías deterioran su reputación y prestigio por conmociones internas, si pierden el favor de la calle, están abocadas al ocaso.

En España, las últimas encuestas reflejan cómo sólo un 53,8% de los ciudadanos da el visto bueno a la Casa Real. Seis puntos menos que en 2012. ¡Hay estudios en los que la sociedad actual valora mejor a los inspectores de Hacienda que al Rey!. Por eso y antes de que sea demasiado tarde, alguien debería activar una estrategia que alivie institucionalmente la presión a la que esta sometida diariamente esta olla. Empezando por eliminar a la Infanta Cristina de la línea sucesoria, por una renuncia voluntaria de la Corona a cualquier privilegio, por un impulso a reformas que les legitimen para un nuevo contrato de servicio público con la sociedad española y finalmente por la abdicación del Rey, como ocurrirá en Holanda el 30 de abril.