LA investigación periodística, realizada por José María Irujo, que ha sacado a la luz pública la contratación por las Fuerzas de Seguridad del Estado de los servicios de Emilio Hellín, ultraderechista militante de Fuerza Nueva condenado por el asesinato el 1 de febrero de 1980 en Madrid de la estudiante bilbaina Yolanda González, retrotrae al horror vivido hace 33 años por su familia y entorno y reproduce las más que fundadas sospechas de protección por los aparatos del Estado del terrorismo de extrema derecha en el tardofranquismo y la Transición. Un terrorismo que causó más de sesenta víctimas mortales, quince -todas ellas sin vinculación con la violencia- aquel mismo 1980 solo dentro del Estado español. La extrema cercanía de Hellín con elementos policiales cuando cometió el asesinato, sus dos intentos de fuga, el segundo de ellos (1987) solo malogrado por informaciones periodísticas que obligaron tres años después a su extradición desde Paraguay, donde trabajó para la dictadura de Stroessner; su puesta en libertad en 1995 sin llegar a cumplir un tercio de los 43 años de condena... apuntan en esa dirección. La contratación posterior de Hellín, o de su empresa New Technology Forensics, en numerosas ocasiones por el Ministerio del Interior y su participación en casos judicializados e investigaciones policiales -también en cursos en los que llegaron a participar agentes de la Ertzaintza- solo parece corroborarlo. Y no se trata de cuestionar el derecho a la rehabilitación de Emilio Hellín, ni el que posee a la reinserción en la sociedad, que en teoría también en su caso era el fin último de la encarcelación; sino de preguntarse el por qué de los sensibles esfuerzos que el Estado, a través de los ministerios de Justicia e Interior, ha hecho por rehabilitar y reinsertar a un asesino que no ha manifestado arrepentimiento ni ha pedido perdón por su crimen, especialmente si dichos desvelos se comparan con las dificultades que el mismo Estado plantea en otros casos similares e incluso de delitos mucho más leves. Se trata de exigir, de una vez por todas, la igualdad ante la ley. Y, en su caso, de determinar quiénes han obviado el pasado de Hellín -o todo lo contrario- y si han ignorado al tiempo sus obligaciones de resarcimiento al contratarle con dinero público aportado por los ciudadanos; entre ellos las víctimas del terrorismo del que el Hellín formó parte.