Hace unas semanas regresaba con un grupo de docentes de unas jornadas cuyo objetivo principal era el de identificar las semejanzas y conocer las diferencias entre el sistema vasco de reconocimiento de la competencia profesional y su equivalente en la región italiana de La Toscana. Yo iba convencido de que, con sobradas evidencias, me encontraría con legislación, procesos y metodologías de trabajo de alto nivel y de calidad superior a los nuestros. Sin embargo, mis prejuicios se disipaban y aumentaba mi convencimiento de que el Dispositivo de Reconocimiento de la Competencia que en nuestra comunidad se ha ido estableciendo e implementando durante esta última década ha alcanzado altos niveles de eficacia y de eficiencia.
El marco normativo, la red de centros de formación profesional, el profesorado implicado en las funciones de asesoría y de evaluación, la transparencia de sus procedimientos y el control de la calidad de los procesos que lo conforman así lo avalan. Por aquello de que "toda comparación es odiosa" no me referiré a lo que el Gobierno regional toscano aplica en el ámbito de la certificación profesional para el reconocimiento de la competencia adquirida por experiencia laboral u otros aprendizajes no reglados académicamente, pero sí creo necesario reconocer el esfuerzo que la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, a través de su Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad en la Formación Profesional, lleva realizando desde hace varios años.
En mi opinión, esta es una de las estrategias clave para impulsar la economía y propiciar la cohesión social reduciendo el mercadeo de mano de obra no cualificada o el intrusismo y la economía sumergida. Es preciso que el Departamento de Educación y el de Empleo y Asuntos Sociales sigan trabajando conjuntamente en políticas que potencien el reconocimiento de la competencia porque serán una herramienta potente contra esta crisis que arrastra a las clases más débiles a la indefensión laboral y a la indigencia económica.
