EL inicio en A Coruña del juicio por la catástrofe del Prestige diez años después del fatídico 13 de noviembre de 2002 se plantea con una grandiosidad -230.000 folios de diligencias, 70 abogados, 55 acusaciones, 1.500 perjudicados, 4.212 millones en indemnizaciones...- que sin embargo no alcanza a las responsabilidades de un accidente que afectó a más de 1.600 kilómetros de costa, incluyendo el litoral vasco. La imputación restringida a los encargados de la navegación del buque -el capitán Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos y el primer oficial, en paradero desconocido, Ireneo Maloto- y a un único representante de la Administración española que dirigió las operaciones de hundimiento, el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, hoy retirado, o el señalamiento como responsables civiles directos de una aseguradora londinense, el Fondo Internacional de Indemnización y, en su caso, las navieras del Prestige no incluye exigencia alguna por falta de previsión y prevención ni por omisión en el ejercicio de la responsabilidad pública. Por ejemplo, en la demora -con el apoyo del PP en la Eurocámara- en la aplicación de la legislación que obligaba al doble casco en los buques petroleros, al refuerzo de los controles en los puertos, la regulación en la clasificación de los barcos y la supervisión del tráfico marítimo; impulsadas tras el desastre del Erika tres años antes pero después no traspuestas a la legislación española por el Gobierno Aznar. O el veto, también con el apoyo del PP, a contemplar una responsabilidad financiera ilimitada para dueños y fletadores de petroleros en caso de accidente. Todo ello permitió que el Prestige siguiera navegando con capitán y armador griegos, bandera de Bahamas, propietario con sede en Liberia, certificado de EE.UU., fletado por una compañía suiza... y sin las necesarias garantías. Y si el transcurrir de una década desde la mayor catástrofe ecológica del Estado español ya condiciona el impacto social de los errores en la gestión antes y durante el desastre y, por tanto, del juicio y su resultado; la sentencia deberá esperar aún un año más y cuenta con un antecedente demoledor: el juicio en 1999 por el hundimiento del Exxon Valdez en 1989 se cerró con 5.000 millones de dólares de sanción que, tras los correspondientes recursos, Exxon logró rebajar en un 90%, hasta los 507 millones.