EL Gobierno del Reino Unido y el Gobierno Escocés han acordado trabajar juntos para asegurar que pueda celebrarse un referéndum sobre la independencia de Escocia". Esas palabras, primeras del Referendum Deal, también denominado St. Andrew's Agreement debido a que se rubricó ayer en St. Andrew's House, sede del Gobierno de Escocia, por los máximos mandatarios de ambos países, David Cameron y Alex Salmond; son la constatación del impecable modo en que Edimburgo y Londres afrontan la siempre espinosa cuestión de la potestad democrática de un pueblo para decidir sobre su relación con otros. El texto completo del documento, con sus cinco puntos de acuerdo sobre las características del referéndum y sus otros cinco puntos de acuerdo sobre la legislación que lo desarrollará, refleja en primer lugar una corresponsabilidad no afectada por teóricos aspectos o condicionamientos legales, lo que permite a ambos gobiernos la igualdad y bilateralidad inherente a toda negociación. En segundo lugar, la voluntad de colaborar en la realización del referéndum desvela que Edimburgo y Londres consideran la consulta a la sociedad escocesa como el mecanismo democrático ordinario para conocer la opinión de esta respecto a sus intereses y no una amenaza al status quo vigente desde la consideración de la inmutabilidad de este. En tercer lugar, la alusión expresa a la independencia escocesa contiene el reconocimiento por Londres de la característica nacional de Escocia en virtud de sus actuales inquietudes pero también de la historia y cultura sobre la que estas se asientan. Y también, mediante la apelación a la sección 30 de la Scotland Act 1998, que contempla la potestad para modificar competencias legislativas -y permitirá al Parlamento escocés legislar sobre el referéndum- confirma la consideración instrumental que la democracia británica concede a su corona (y no al contrario). Pero, sobre todo y esencialmente, el documento supone la asunción por Salmond y Cameron de la responsabilidad que se presupone a los dirigentes políticos para solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos; en clara contraposición a quienes por motivos ideológicos o intereses de cualquier índole se resisten a aceptar que la única solución a un problema político -y un conflicto de identidad lo es- pasa por el diálogo y la voluntad de acuerdo.