LOS últimos estertores del Gobierno de Patxi López están siendo un fiel reflejo, concentrado en el tiempo, de la gestión oscurantista, improvisada y rayana en el sectarismo en algunos asuntos que han caracterizado estos últimos tres años y medio de legislatura. Con el agravante de que las decisiones tomadas a última hora se producen en el límite de la agonía de un Ejecutivo sin capacidad ni legitimidad real y con intenciones ciertamente sospechosas, toda vez que pretenden bien implantar sus propios criterios en determinados temas o bien condicionar la actuación del próximo Gobierno que salga de las urnas el domingo próximo. El gabinete socialista, sobre todo algunas consejerías, parece dispuesto a quemar más de una nave en el intento. Es lo que ha ocurrido en Cultura con la arbitraria adjudicación provisional del concurso de licencias de Frecuencia Modulada (FM) en la radiodifusión vasca. En primer lugar, no es de recibo que un Gobierno realice una actuación de este tipo a quince días de unas elecciones de las que saldrá una nueva configuración institucional y que ese mismo Ejecutivo, pero ya en funciones, deba además tomar la decisión definitiva. El acuerdo llega apenas quince días después de que desde el mismo departamento de Cultura se informara a las empresas aspirantes de que la concesión quedaría pospuesta para el próximo Gobierno. Para añadir mayor dosis de sospecha, tal y como informó ayer DEIA, el concurso ha tenido lugar pese a haber un informe en contra elaborado por los propios servicios jurídicos del Gobierno vasco. Todo ello muy lamentable y que da la medida de una actuación incomprensible, oscura y perjudicial para los medios de comunicación y para la ciudadanía. Muchas emisoras y profesionales llevan muchos años en antena, trabajando a diario en condiciones difíciles y de forma alegal -no precisamente por su culpa, sino porque no ha tenido lugar ningún concurso en lustros- pero con el respaldo de miles de oyentes. Nada de eso se ha tenido en cuenta. Aprovechar el momento para callar determinadas voces incómodas y premiar a las afines es una tentación demasiado fuerte para algunos dirigentes y la sospecha aumenta ante la falta de transparencia del proceso. Quizá no sea aún tarde para que el Gobierno de López recapacite y dé marcha atrás a este sinsentido, anulando unas concesiones que nunca debió haber adjudicado.