EL anuncio del principio de acuerdo alcanzado por la viceprimerministra escocesa, Nicola Sturgeon, y el ministro británico para Escocia, Michael Moore, para la celebración de un referéndum decisorio sobre la continuidad de la relación entre Escocia y el Reino Unido es, a expensas de su concreción final el próximo lunes por Alex Salmond y David Cameron, un ejemplo de la virtualidad del diálogo como mecanismo para profundizar en los derechos democráticos. Las condiciones conocidas del Referendum Deal suponen, de hecho, cesión por ambas partes. Londres ha admitido que sea el Parlamento escocés de Holyrood quien decida y concrete la pregunta, la fecha de la votación (antes de final de 2014) y quién podrá acudir a las urnas -el Gobierno escocés siempre ha defendido extender la edad de voto hasta los 16 años- mientras que Edimburgo admite que la consulta se limite a una sola pregunta, aunque mientras la misma no se concrete quedará abierto el interrogante sobre si llegará a plantear la independencia o mayores cotas de autogobierno a través de una nueva Devolution que otorgue más poderes, especialmente en el ámbito de la fiscalidad aunque no solo, a la Cámara y el Gobierno escoceses. Esta posibilidad tampoco supondría ninguna sorpresa. A expensas de conocer los resultados de una gran encuesta encargada por el SNP, Salmond es consciente de que, en estos momentos, la exigencia de mayor autogobierno supera en apoyo popular a la independencia, que tras la utilización por Londres de los Juegos Olímpicos para exacerbar el sentimiento de unidad habría caído del 44% al 28%. Y siempre habría logrado que Londres aceptara lo que los escoceses exigieron mayoritariamente en las elecciones de 2011 y Edimburgo considera más importante y creía más complicado de conseguir: la capacidad para determinar convocatoria y características del referéndum, lo que supondría una puerta abierta para futuras consultas. La imagen de Salmond y Cameron rubricando el acuerdo será, en todo caso, una lección de normalidad democrática que contrasta con la actitud de quienes en el parlamento español han hecho caso omiso de voluntades populares, decisiones parlamentarias mayoritarias y derechos básicos para negar, la última vez el pasado martes, la misma posibilidad a Euskadi y Catalunya.