LEÍDO su texto completo, es cierto que la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de febrero muestra una cara más agresiva incluso de lo que se anunciaba. No extraña que los sindicatos comiencen a reaccionar contra ella. En Euskadi, ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU han anunciado ya la convocatoria de una huelga general para el 29 de marzo próximo. Aunque los convocantes quieren que la huelga "sea lo más unitaria posible en función de unos contenidos y unos objetivos", los sindicatos CC.OO. y UGT censuran la división sindical con la que se ha realizado la convocatoria. A pesar de esto, estas centrales han dado a conocer que sondearán a sus afiliados la posibilidad de apoyar la huelga del 29-M sin perder de vista lo que se vaya a hacer en España.
¿De qué sirve una huelga general? Según Xosé Luis Barreiro en DEIA, la huelga no ha evolucionado al nivel que lo ha hecho el trabajo y la función empresarial. Los sindicatos, aunque consigan un efecto multiplicador al paralizar servicios esenciales, obtienen un éxito ceñido a los turnos matutinos, los centros urbanos y polígonos fáciles de bloquear. Además de esto, la extensión del sector servicios, la precariedad, la guerra de cifras,… son factores que minimizan el resultado de la huelga como forma de protesta.
Aun así, es la quinta huelga general que se convoca en Euskadi desde mayo de 2009. Según los dirigentes vascos de los sindicatos estatales, la división sindical lleva a las convocatorias al fracaso. Pero lo lamentable es que esa situación de división lleva a que en este país las huelgas generales se convoquen por duplicado, duplicando asimismo los perjuicios que ocasionan.
Hay dos problemas para que la unidad sindical se materialice. El primero es que en el Estado los sindicatos no han llamado (todavía) a la huelga. La huelga de septiembre de 2010, contra la reforma laboral de Zapatero, debilitó a los propios sindicatos convocantes, CC.OO. y UGT. Si Rajoy pareció vacunarse con su desahogo ante su colega finlandés -"la reforma me costará una huelga general"-, lo cierto es que los sindicatos estatales, conscientes de que su capacidad de convocatoria está por contrastarse, han perfilado una estrategia moderada que prevé un calendario de movilizaciones progresivo, aunque en ellas se clame la amenaza de huelga.
El segundo de los obstáculos para una acción unitaria es que los sindicatos de ámbito estatal y los de ámbito vasco persiguen objetivos diferentes. Los primeros buscan salir de su debilitamiento para negociar. Y no es fácil que el Gobierno se siente a hacerlo. El presidente ya ha dado la respuesta sindical más radical, la huelga general, por descontada, y además ha defendido férreamente el decreto de reforma.
Contra CC.OO. y UGT se esgrime que su corresponsabilidad con la agenda laboral de los gobiernos de Zapatero no ha evitado la masiva destrucción de empleos. Además, en los medios más cercanos al presidente se dice que el diálogo social ya ha consumido sus oportunidades -"el ejecutivo les permitió hacerlo durante dos meses sin que al final lograran pacto alguno"- y que es este fracaso lo que ha obligado al Gobierno a tomar las decisiones.
Los sindicatos vascos, por el contrario, no parecen querer negociar un acuerdo. ¿Por qué? Es posible que tengan al menos tres razones para esto. La primera, la consciencia de que las fuerzas sindicales vascas no ganan nada en un pulso a corto plazo con el Estado. La segunda, en lo que a ELA se refiere, porque la acción reivindicativa no puede subordinarse a la necesidad de acuerdos políticos. Su sindicalismo es un sindicalismo de oposición. La tercera, porque quieren valerse de la movilización del 29-M como una oportunidad de organización y lucha colectiva, en la calle y los centros de trabajo, para avanzar en un modelo social alternativo a realizar a más largo plazo.
Y después de la huelga, ¿qué? Si los sindicatos vascos buscaran un fin inmediato, como que el Gobierno reabra un diálogo social para corregir los aspectos más duros de la reforma, y resultara que este objetivo fracasa, de este fracaso se concluiría una gran decepción y una pérdida de credibilidad de sus modos de protesta. La huelga del 29-M, al no perseguir este objetivo, juega sus bazas en una dimensión más político-ideológica. De ahí que esta iniciativa haya recibido rápidamente el apoyo explícito de los partidos que forman Amaiur. Esta coalición cree que el sindicalismo es la punta de lanza de la lucha social vasca y confía en que la huelga general sirva para organizar una alternativa sistémica que no definen, pero de la que sienten partícipes.
A pesar de la claridad con que se exponen estas intenciones, las reacciones críticas a la convocatoria del 29-M, aunque procedan de colectivos que valoran de forma diferente a la reforma laboral en marcha, se centran en los efectos más inmediatos que puede tener la huelga. En el campo de los partidarios de la nueva regulación laboral, las organizaciones empresariales vascas han dicho que el paro del 29-M va a ser un lastre para las empresas y han acusado a las organizaciones sindicales convocantes de vivir fuera de la realidad concreta.
No extraña que los que juzgan los motivos de los convocantes desde el punto de vista de la inmediatez terminen creyendo que los sindicatos vascos carecen de un fin concreto o que no persiguen ninguna reivindicación conocida, o que únicamente les atribuyan un interés en estrategias de confrontación alejadas de la realidad. Otros análisis, implicados en que la huelga del próximo 29-M tenga éxito, reconocen esta apuesta por la confrontación. Esta apuesta situaría a Euskadi a la cabeza de la resistencia en el Estado y se valoraría como una oportunidad para articular un liderazgo compartido que sea germen para un cambio social y político profundo ("la revolución vasca"), al que cabría atraer, junto a los sindicatos e instituciones, a pequeñas empresas y trabajadores.
En fin, que no cabe mayor fragmentación entre las fuerzas sociales y políticas vascas que la que se produce ante este debate. Al margen de la posición ya referida de Amaiur y del apoyo total que el nuevo marco laboral recibe del PP, la mayoría de las grandes fuerzas políticas vascas recelan de él o lo rechazan y, ante la huelga, basculan entre el rechazo abierto del PP, la decisión de no respaldarla del PNV y la posición del PSE que no se cierra a apoyar la convocatoria.
En todo caso, si la empleabilidad de los vascos es una prioridad de país, clama al cielo que las fuerzas políticas, económicas y sociales queden lastradas a la hora de trabajar esa prioridad por este estado de división y enfrentamiento. El reciente plan vasco contra el paro prueba que es posible abordar en común (aunque se noten ausencias institucionales y sociales importantes) esa prioridad sin que nadie haya de abdicar necesariamente de los intereses que defiende. Es decir, que unos pueden seguir luchando por que el debate parlamentario corrija o no el decreto que implanta la reforma; y otros los harán para que la huelga del 29-M avance o no en la articulación de fuerzas de los que pretenden un modelo social alternativo. Pero, del desarrollo de esos procesos no se puede esperar la unión necesaria para afrontar el desempleo en el momento presente.
Por lo tanto, aparte de cómo discurran los mismos, ¿qué impide una cooperación entre todas las fuerzas vascas, institucionales y sociales, que desarrolle el diálogo social a todos los niveles para superar el corsé de la reforma, blindando con éxito un marco vasco de relaciones laborales y desarrollando un modelo propio de empleabilidad, valiéndonos de los recursos financieros y los instrumentos de intermediación, formación y colocación de los que disponemos?
