AYER, 3 de marzo, se cumplieron 36 años del asesinato en Gasteiz por parte de la Policía española de cinco obreros que participaban en una asamblea de trabajadores en el interior de la iglesia del barrio de Zaramaga. Aquel día, la muchedumbre que llenaba el templo gasteiztarra fue literalmente masacrada por las fuerzas de orden público aún franquistas (el dictador hacía poco más de tres meses que había fallecido) con botes de humo, pelotas de goma, porras y, sobre todo, fuego real utilizado de forma indiscriminada contra la población civil indefensa. Treinta y seis años después, las víctimas de aquellos sucesos -algunas de ellas aún vivas, y con graves secuelas- continúan exigiendo sus derechos como afectados por un hecho que pocos dudan en que encaja dentro de los actos característicos del terrorismo de Estado. La conmemoración ayer de estos gravísimos sucesos que conmovieron a toda Euskadi en la incipiente etapa de la transición tuvo la novedad de que por primera vez el Gobierno López realizó una ofrenda floral en memoria de las víctimas. Acompañaron a la portavoz y consejera de Justicia, Idoia Mendia, los máximos responsables en Euskadi de los sindicatos UGT y CC.OO. pero ningún representante de las víctimas ni de ningún otro sindicato o partido político ni institucional acudió a un acto que resultó frío y desangelado. El arrope, la cercanía, el calor, el reconocimiento y el resarcimiento de las víctimas de la violencia tantas veces invocados por el Ejecutivo y los partidos que lo sustentan no se demuestran con una ofrenda floral. Y ello supone que, en primer lugar, debe conocerse la verdad de lo ocurrido y actuar en consecuencia. Es decir, que se haga justicia y se repare a las víctimas. En ese sentido, es de esperar que el decreto sobre víctimas de motivación política que ultima el Gobierno vasco acoja y repare a estas víctimas. Pero el reconocimiento de los hechos, la verdad de lo ocurrido, va mucho más allá de una reparación económica. Ahora que desde tantos sectores se plantea el "relato compartido" sobre lo sucedido en Euskadi durante tantos años de violencia, no puede tener cabida el olvido de los motivos, los protagonistas y los responsables últimos de la matanza de Gasteiz. El 3 de marzo de 1976 no hubo un "exceso policial". Lo que tuvo lugar fue una masacre planificada, tendente a cortar de raíz cualquier movimiento reivindicativo y democratizador y, en consecuencia, en favor del mantenimiento de una dictadura sangrienta. Pero sus responsables últimos -en primer lugar, el entonces ministro de la Gobernación, el recientemente fallecido y despedido entre loas y alabanzas, Manuel Fraga- han resultado impunes. Por su parte, la Asociación de Víctimas no debería aprovechar la inmensa solidaridad popular que aún perdura para vincularla a objetivos que nada tienen que ver con el obligado reconocimiento a los afectados.