POR muy minucioso y preciso que fuera el interrogatorio al que se sometió ayer Iñaki Urdangarin en los juzgados de Palma de Mallorca, va a ser difícil que el yerno de Juan Carlos de Borbón pueda ver restituido su prestigio a ojos de la opinión pública. Una lacra que acompaña los procesos judiciales en el sistema español es el de las continuas filtraciones que condicionan cualquier interpretación posterior de los hechos. Urdangarin, por lo tanto, tiene ante sí el titánico reto de defender su inocencia cuando prácticamente toda la sociedad ya le ha condenado al considerar que ha utilizado su cargo monárquico para su provecho, ha utilizado su influencia para apropiarse de fondos públicos y ha creado una compleja red empresarial para desviar sus ingresos a paraísos fiscales. Urdangarin, como no cabía esperar otra cosa dadas las circunstancias que rodean al caso por el que está imputado, afirmó ayer ante la prensa en su primera y esperada comparecencia pública tras estallar el escándalo sobre sus negocios que se presentaba ante el juez para "aclarar la verdad" y defender su "honor". Pero aún más, al exbalonmanista guipuzcoano le toca también la delicada misión de convencer a la opinión pública de que su actuación -fuera la que fuera- es ajena a la manera de funcionar de la Casa Real a la que pertenece desde hace 13 años ya que, tras su caso, un manto de sospecha ha recaído sobre una institución que se aupó a la máxima jefatura del Estado de manos del dictador Franco y se ha mantenido en el poder a pesar de sus dudosas actuaciones. La Monarquía española, restituida en 1975 sin opción a que la ciudadanía pudiera pronunciarse sobre un modelo de Estado u otro, debe gran parte de su continuidad desde entonces a un férreo pacto de silencio de los medios de comunicación que ha hecho imposible conocer sus entresijos y su modus operandi del que no son ajenos los negocios y las tareas de intermediación. Este escenario se ha visto ahora totalmente alterado por las revelaciones del caso Palma Arena y sus vinculaciones con Urdangarin, que no dejan de ser la punta del iceberg del funcionamiento de una Familia Real cuyos descendientes directos se han visto también afectados por la investigación (es el caso de las hijas del rey) aunque es improbable que sean llamados a declarar. De ahí que sea una falacia afirmar que "la justicia es igual para todos", como lo hizo el monarca para mayor gozo de cortesanos y prensa de la corte. Iñaki Urdangarin tiene ante sí un horizonte judicial sombrío pero, vistas las repercusiones que podría tener seguir tirando de la cuerda -o de la manta-, todo indica que los múltiples interrogantes que rodean los negocios e intereses en los que de una manera u otra está implicada La Zarzuela van a quedar, lamentablemente, sin respuesta.