LA vigésimo primera intervención legislativa en el mercado laboral desde que se firmara en octubre de 1977 el Pacto de La Moncloa, la mitad de las cuales se han producido en la última década y todas ellas con resultados cuando menos cuestionables, puede considerarse necesaria en cuanto a la incapacidad del actual marco para responder a las necesidades socio-económicas e incluso contaría con aspectos destacables, pero adolece de estar más dirigida a ofrecer una apariencia de riguroso ajuste ante las exigencias europeas que a dar respuesta al gravísimo problema del desempleo que sus promotores dicen pretender atajar. Así y en primer lugar, el argumento de ligar el abaratamiento del despido -de los 45 días actuales hasta los reales 20 días por año trabajado que permitirá la reforma- a un incremento de la contratación por cuanto reduciría las reticencias empresariales a incrementar plantilla en tiempos de bonanza supone presuponer que el empresariado antepone la responsabilidad social de la empresa al beneficio, lo que quizás pueda ser cierto en algunos países de la Unión Europea con un tejido socioeconómico más desarrollado pero aún precisa de una fuerte pedagogía en el Estado español. En cualquier caso, la afección de la medida a la tasa de desempleo -que en porcentaje el Gobierno de Mariano Rajoy da seguramente por amortizada- se comprobará relativamente pronto. No es, de todos modos, el único aspecto de la reforma que parte de una premisa falsa o, al menos, no del todo real. Por ejemplo, la uniformización de la negociación colectiva parece sugerir que las carencias y necesidades del mercado laboral son idénticas en todo el Estado cuando la realidad es que las estructuras económicas y empresariales difieren sobremanera. Además, en el caso de Euskadi, obvia el artículo 12.2 del Estatuto de Gernika, que estipula la asunción y ejecución autonómica de la legislación y las relaciones laborales, lo que supondría una recentralización encubierta y una minorización de las capacidades del autogobierno vasco en la materia. El proyecto presenta, eso sí, aspectos positivos como las ayudas a la contratación por los autónomos y las pymes de menos de 50 empleados o la posibilidad de compatibilizar temporalmente el cobro del 25% del paro y el salario, pero también incluye medidas que se antojan estériles o escasamente eficaces como la que contempla 20 horas anuales de formación o la posibilidad de que la prestación de desempleo se asocie a servicios en beneficio de la comunidad. Sin embargo y sobre todo, la reforma que plantea el Gobierno del PP, y que será refrendada por su mayoría absoluta en el Congreso, adolece del mismo problema que ha anulado a sus predecesoras: el hecho de que no es la modificación del mercado laboral sino la del modelo productivo lo que urge a la economía del Estado.