LA polémica abierta entre el Gobierno vasco y el PNV como consecuencia y con motivo de la situación económico-financiera que atraviesa el país después de tres años de administración López podría ubicarse dentro del debate partidario a que tantas veces parece reducirse la política de no ser porque la ausencia de concreción al respecto y de información al ciudadano desde el Ejecutivo la convierte en necesaria cuando no imprescindible. Lo es si los principales portavoces gubernamentales arremeten contra el hecho de que el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, desvele ante la sociedad vasca las cuitas económicas del Gobierno confesadas en la petición de colaboración lanzada por uno de sus consejeros -que luego resultó ser el coordinador general del gabinete, Rodolfo Ares-, en lugar de hacer lo más sencillo y que hubiera servido para desterrar cualquier asomo de duda al respecto: dar a conocer el verdadero diagnóstico de la situación económico-financiera de Euskadi y tratar de llegar a acuerdos en torno a la misma. Y lo es si desde el gobierno se ofrece por todo análisis público la mera constatación de la existencia de 627 millones en caja que esgrime el consejero económico, Carlos Aguirre, y una esperanza de recaudación que, como el propio Aguirre ha comprobado durante 2011, está tantas veces reñida con la ley de probabilidades. En lugar de presentar su diagnóstico a la sociedad y lejos de admitir la coyuntura, el Gobierno López ha preferido incluso desdeñar la oferta colaboradora y descalificar la legítima preocupación que se refleja en la principal formación política de la oposición y el país. Es como si tras negar, tanto en el mismo hecho de asumir el poder como en el modo en que lo hizo, su circunstancia política y social, la realidad en la que se encuentra inmerso, el Ejecutivo se empeñase ahora en negar también la realidad económica que le circunda y le caracteriza en la creencia orteguiana -"yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo"- quizás no equivocada de que esta le ha abocado ya a un fracaso que solo pretende retardar. Esto, sin embargo, conduce a Euskadi a una situación de incertidumbre insostenible que se refleja en la absoluta y masoquista dependencia política del PP -al que, por cierto, le compete su parte alicuota de responsabilidad en el mantenimiento de un gobierno agotado en sí mismo- y, lo que es mucho más relevante y peligroso, en la ausencia de iniciativas tendentes a corregir la deriva económica del déficit, los incumplimientos presupuestarios y la multiplicación de la deuda pero también institucional a través del alejamiento y la merma de los servicios al ciudadano y, sobre todo, social por el alarmante incremento del desempleo y sus consecuencias inmediatas.