CHRIS Huhne, ministro de energía británico y número dos del partido liberal-demócrata que gobierna con los conservadores de David Cameron, acaba de presentar su dimisión tras conocerse que la fiscalía presentará cargos contra él por tratar de evitar una multa de tráfico por exceso de velocidad que le fue impuesta en 2003, mucho antes de entrar al Ejecutivo. Al parecer, intentó convencer a su entonces esposa de que declarara que ella conducía el vehículo. Huhne niega los cargos, basados en una denuncia de la que ya es su exmujer, pero argumenta su dimisión en que defenderse no le va a permitir desempeñar sus funciones con la corrección que le ha llevado a ser uno de los miembros mejor valorados del gabinete. Cameron ha aceptado la renuncia y le ha felicitado por presentarla. La asunción de responsabilidades, sin embargo, parecer proporcional a la cultura y tradición democráticas. Rafael Bengoa, consejero de Sanidad del Gobierno de Patxi López, ha tratado de ocultar la realidad y las adjudicaciones irregulares de contratos por una empresa pública dependiente de su departamento. Ha intentado hacerlo minimizando su alcance de forma pública pese a ser consciente de la situación y de que quien los adjudicó había sido su socio privado antes de que ambos entraran a formar parte del Ejecutivo vasco. Idoia Mendia, portavoz del Gobierno que preside Patxi López, ha negado en el ejercicio de su cargo que el Gobierno hubiese bloqueado pagos a proveedores. El propio López ha negado también el bloqueo, fehacientemente demostrado por los hechos y reconocido por acreedores. Rodolfo Ares, consejero de Interior y coordinador del mismo ejecutivo, acaba de negar, también de forma pública, que un consejero del gabinete López apelara al PNV abrumado por la extrema gravedad de la situación económica y en solicitud de la ayuda del principal partido del país y de la oposición, apelación que sin embargo realizó él mismo durante la pasada semana. Son sólo algunos ejemplos. Pero en todos y cada uno de ellos se demuestra un más que deficiente desempeño de sus funciones por responsables gubernamentales, en todos y cada uno de ellos se ha tratado de alterar la percepción de la realidad por la sociedad, engañándola, y todos se relacionan directamente con su responsabilidad institucional. Forman parte, además, de un gobierno que es pésimamente valorado (cada vez peor) por la ciudadanía: 8 de cada 10 vascos no confía en él. Es decir, ni siquiera aquellos que votaron al PSE y al PP, su socio, que pese a todo se limita a acusar de perjudicar al país a quien denuncia la delicadísima situación. En Londres, Huhne ha dimitido por una multa de tráfico. En Euskadi, el desfase presupuestario, la multiplicación del déficit y el paro, el agotamiento de la capacidad de deuda y la irracional e irregular gestión encaminan al país al colapso y nadie esboza siquiera un conato de disculpa. Es hora de exigir renuncias.