LAS declaraciones sincronizadas de Patxi López y el consejero de Economía y Hacienda de su gobierno, Carlos Aguirre, con las que ponen abiertamente en duda la practicidad y actual viabilidad del entramado institucional vasco y sus características específicas en el ámbito fiscal serían ya censurables si se tratara de un impulso unilateral que, sin más base política o social que la propia, hoy evidentemente pobre; cuestionase la exitosa estructura que ha situado a la Comunidad Autónoma Vasca en los más altos índices mundiales de bienestar y desarrollo humano. Pero aun dejando a un lado incluso esa unilateralidad y obviando el hecho de que López y Aguirre han formado y forman parte de esa estructura, en la que se han situado precisamente gracias a la peculiaridad de la misma, el cuestionamiento público del modelo vasco desde la primera institución del país, calificándolo por ejemplo de "anacrónico", solo se puede considerar una irresponsabilidad con origen en la incompetencia del Ejecutivo para gobernar el país mediante los mismos mecanismos de que han dispuesto todos sus antecesores y que son aquellos que Patxi López ya conocía cuando decidió asumir el poder en situación precaria, tanto de cara a la consecución de acuerdos institucionales como, a la vista de los resultados, en cuanto a la preparación y equipo necesarios. La pretensión de alterar las relaciones competenciales en materia fiscal a través de argucias legislativas para aumentar la disponibilidad económica del Gobierno vasco tras haber sextuplicado la deuda pública de la CAV solo viene a confirmarlo. Así, aún siendo benévolos, que se hayan percatado en el tercer -y necesariamente último- año de la legislatura de su incapacidad para gestionar nuestro país en estas condiciones debería abocar a López a la renuncia inmediata y a la convocatoria de elecciones anticipadas y no a la controversia sobre el modelo institucional vasco que, por cierto, fue clave para que otros gobiernos anteriores llevaran a Euskadi a remontar crisis económicas incluso de mayor profundidad y afección social que la que soporta en la actualidad. Porque en todo caso sería esa convocatoria electoral la que debería servir para plantear a la ciudadanía el cuestionamiento del entramado institucional y un proyecto de cambio del mismo si este existe. Especialmente cuando se apunta que en los próximos meses deben definirse leyes -del Cupo, de Aportaciones y Ley Municipal- que "podrían hacer necesaria la reforma de otras, especialmente de la Ley de Territorios Históricos" y cuyo alcance sobrepasa el horizonte de la presente legislatura pero sobre todo la capacidad legislativa que, desde el sentido común, se le puede conceder a un Gobierno tan escaso de apoyo parlamentario, base social y legitimidad política como el que preside Patxi López.