DE la complejidad de la pieza del caso Palma Arena que socava día tras día la presunción de inocencia de Iñaki Urdangarin como persona física y su ejemplaridad como yerno real da cuenta el retraso decretado el pasado sábado por el juez que instruye la causa para que la declaración del duque de Palma se efectúe finalmente el 25 de febrero, al objeto de que algunos abogados puedan disponer de más tiempo para analizar la documentación obrante. Especialmente en lo que concierne a las actividades del Instituto Nóos, la fundación sin ánimo de lucro que Urdangarin presidió hasta mediados de 2006, y más en concreto a los indicios delictivos que el juez aprecia en su relación con Administraciones del PP en Baleares y en Valencia. Un vínculo que, según la Agencia Tributaria, reportó a Nóos al menos la mitad de los 15 millones que facturó de 2003 a 2006. Levantado el secreto de sumario y fijada la fecha definitiva de la prueba testifical de Urdangarin -sobre los que se ciernen los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude fiscal o prevaricación-, la pregunta que la ciudadanía se formula es cómo responderá la Casa Real a una condena del infante consorte que se da más que como probable, con independencia de las penas que conllevase. Una cuestión espinosa, porque ya no bastaría con la separación de los actos oficiales y a nadie puede exigírsele una ruptura marital, en este caso de doña Cristina de Borbón. Al margen de la opción de cada cual -monárquica o republicana-, resultaría muy poco edificante toda opción que no pasara por la renuncia a los derechos sucesorios por parte de la infanta, sobre la que en alguna medida se vierten sospechas, si no hasta el punto de la cooperación necesaria, sí como consentidora del incremento patrimonial. Por lo demás, este caso ha evidenciado la urgencia de una ley orgánica que regule la ejecutoria de la Casa Real en todos los supuestos factibles con el fin de que la réplica a sucesos como estos no se dejen al albur del soberano de turno, que con Urdangarin solo reivindicó la ejemplaridad de toda conducta y la igualdad de todos ante la ley cuando el escándalo vio la luz, con el hoy imputado en EE.UU. para minimizar los daños, lo que también ha intentado Juan Carlos I publicando parte de las cuentas de Zarzuela. No hay que olvidar que, según las informaciones que se publican un día sí y otro también, el jefe del Estado conocía desde hace tiempo -varios años incluso- las actividades irregulares de su yerno y por eso le obligó a abandonarlas y a marchar a EE.UU. Si conocía -en todo o en parte- los negocios de Urdangarin, ¿por qué no acudió a la Fiscalía, como su cargo y su supuesta ejemplaridad demandan y obligan? La Monarquía afronta un año crucial para su futuro, nunca tan en cuestión como ahora a pesar de la servil condescendencia de tanto cortesano.