YA es un hecho suficientemente constatado a lo largo de la historia reciente que cuando el Estado español tiene un grave problema político o económico (o ambos al mismo tiempo, como es el caso) lo que se tambalea son los cimientos del autogobierno, sobre todo, en Euskadi y Catalunya. Ocurrió ya en 1982, casi recién estrenado eso que se ha dado en llamar el Estado autonómico, con la nefasta LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que, aunque se niegue con la boca pequeña, era consecuencia cuando menos indirecta del intento de golpe de Estado del 23-F y que posteriormente sufrió un importante varapalo por parte del Tribunal Constitucional, que eliminó su carácter "armonizador". Los intentos de armonizar -en realidad, de uniformizar y dar marcha atrás al autogobierno mediante normas recentralizadoras- han sido constantes en los últimos años y por gobiernos de distintos colores, hasta el punto de que la expresión "loapización" ha hecho fortuna en el lenguaje político habitual. Ahora, el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy vuelve a la carga. Lo avanzó el pasado miércoles uno de sus hombres fuertes, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien en una entrevista en el periódico internacional Financial Times anunció que el Ejecutivo aprobará en marzo una nueva ley que establecerá "estrictos instrumentos de control" sobre los presupuestos de las comunidades autónomas. Se trata, según añadió textualmente, de "controles a priori, de modo que antes de aprobar los presupuestos, los gobiernos regionales necesitarán la luz verde del Ejecutivo central". Lo que De Guindos ha expresado en toda su crudeza es ni más ni menos que un torpedo en la línea de flotación del autogobierno, un burdo ataque a la autonomía y al propio sistema autonómico y un nuevo e inaceptable intento de reducir el poder real de las comunidades a una mera descentralización administrativa siempre bajo la tutela inapelable e infalible del Estado. En definitiva, acabar con las escasas dosis de soberanía de nacionalidades como Euskadi, que son precisamente las que menos problemas de déficit acarrean en contraposición a otras autonomías, muchas de ellas en manos del PP. Se trata de una medida intolerable, pero que además puede ser ilegal. El Estatuto de Gernika establece de forma meridianamente clara en su artículo 38 que "Las leyes del Parlamento Vasco solamente se someterán al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional". Y los presupuestos son, por su propia naturaleza, una ley que, según el artículo 44 del Estatuto, "serán elaborados por el Gobierno vasco y aprobados por el Parlamento Vasco, de acuerdo con las normas que este establezca". No hay lugar a las tutelas previas. Aunque Rajoy sigue desaparecido, su Gobierno debe rectificar de inmediato este enésimo ataque al autogobierno.