EL Partido Popular difundió ayer, al fin, el programa electoral completo con el que se presenta a las próximas elecciones generales del 20-N y con el que pretende lograr que su líder, Mariano Rajoy, sea el próximo presidente del Gobierno español. En realidad, tal y como ya se intuía con el avance hecho público estos días, el programa que el PP exhibe para conseguir el voto de los electores es una suerte de vaguedades, inconcreciones y desideratum, una serie de fórmulas difusas que le dan carta blanca o, al menos, mucho margen de maniobra si es que finalmente obtiene el mandato de gobernar. Nada que se parezca, en cualquier caso, a un contrato con los electores cuando quedan escasamente veinte días para los comicios. Así que sus verdaderas intenciones siguen en la más absoluta penumbra no solo para los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido que dieron su plácet a un documento del que no conocen la letra pequeña, sino también para sus eventuales votantes y por supuesto para los medios de comunicación, a los que por lo demás se les va a impedir cualquier interacción pública con Rajoy durante toda la campaña. La falta de concreción sigue siendo palmaria en lo que atañe a aspectos esenciales para los administrados, tales como la regulación contractual -solo se habla genéricamente de simplificar el catálogo-, las pensiones -se sugiere sin decir cómo una mayor proporción entre el subsidio y lo cotizado- o el modelo sanitario -no se menta el copago, tampoco para descartarlo-, mientras que los "cambios de modelo" que se apuntan -todos restrictivos- también adolecen de la misma falta de detalle. Se trata por ejemplo de la nueva tributación a la baja de las rentas de capital (acciones, dividendos, plantes de pensiones, fondos de inversión, etc.), del refuerzo del "derecho a la vida así como de las menores" o del endurecimiento del Código Penal introduciendo la "pena de prisión permanente revisable". Por no concretar, ni siquiera se detalle qué hará Rajoy con la Ley del Aborto o del matrimonio homosexual, que tanto criticó el PP y tanto utilizó en contra del Gobierno Zapatero. Tampoco se sabe qué hará con las televisiones públicas más allá de introducir la gestión privada, antesala de su privatización. Mención aparte merece su apuesta por mantener la Ley de Partidos o su negativa a negociar con ETA, algo que tendrá que hacer tarde o temprano. Un ocultismo deliberado impropio de una democracia avanzada y de ese candidato que cabalga hacia La Moncloa a lomos de la demoscopia, una circunstancia que sin duda alienta la errática estrategia de quien ya perdió en 2004 y 2008. Tan cierto es que Rajoy se juega más la mayoría absoluta que el propio triunfo como que la debilidad que acredita con esa opacidad y esa prevención ante los periodistas estimula a los rivales a pelear hasta el último voto.