EL debate en torno a la conveniencia de una reforma fiscal así como el inconsistente e interesado informe sobre el hipotético coste de una presunta duplicidad institucional en la Comunidad Autónoma Vasca, ambos puestos sobre la mesa por Patxi López, o el proyecto de Ley Municipal de su Gobierno poseen una raíz idéntica que se nutre más del sustrato político que de las urgencias económicas con que se tratan de justificar. En el fondo de esos planteamientos subsiste la concepción centralista y uniformadora que de la Administración se ha ido fraguando en el socialismo tanto en cuanto a las relaciones internas de la CAV como en la de esta con el Estado. Así, el intento de limar competencias a las diputaciones no emana únicamente de la sensible pérdida de poder del socialismo vasco en las últimas elecciones, aunque sí lo impulsa, sino de que el ámbito foral es precisamente la especificidad del autogobierno vasco, su diferencia respecto al Estado autonómico uniforme. Hasta ahí, el fondo ideológico del cuestionamiento, legítimo en cualquier caso, que del entramado institucional vasco hace a través de sus iniciativas el Gobierno socialista. Esa legitimidad, sin embargo, se ve mermada por las formas en que se plantea y por el interés que las mueve. En cuanto a las primeras, aunque López apele a las competencias del Gobierno en materia de armonización y coordinación fiscal, estas no aparecen en el título III del Estatuto de Gernika (de Hacienda y Patrimonio), que en su art. 41.2b sí determina que "la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos" se efectuará por las respectivas diputaciones forales. Sí recae en el Gobierno esa labor a través del Órgano de Coordinación Tributaria como ahora se pretende, pero este no se convocó para iniciar un debate que el propio López lanzó de manera pública, no sin el explicado interés de confrontar con las diputaciones, al igual que ha sucedido ahora con el informe sobre las presuntas duplicidades administrativas que, curiosamente, no estipula las que se producen con la Administración del Estado. Tampoco la comparación, que ahora esgrime López, con la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Juan José Ibarretxe sostiene su tesis: en 1998, el entonces lehendakari sí había consultado y contaba con la aquiescencia previa de las tres diputaciones, en manos del PNV bajo los mandatos de Félix Ormazabal (Araba), Josu Bergara (Bizkaia) y Román Sudupe (Gipuzkoa). Y en cuanto al interés, López ha activado un espurio cuestionamiento de todo el entramado institucional vasco tanto por sus problemas presupuestarios, ya que el ámbito foral se intercala en la relación del Ejecutivo vasco con sus propios ciudadanos como primer nivel de gestión de sus ingresos, como por su pobre horizonte electoral, en el que el debate le permite mantener el pulso vital de su partido.