LA intervención del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, en el Foro Europa sirve para constatar las notables divergencias, en fondo y forma, entre los planteamientos ejecutivos y la práctica política que ha implantado en el Gobierno vasco el gabinete que preside Patxi López y el sistema de gestión pública que ha caracterizado a las instituciones vascas y que en el devenir de las últimas décadas se ha traducido en un notable éxito. Así, frente al irresponsable germen de la duda que López ha podido inocular, tanto en cuanto a la confianza de la sociedad en el entramado institucional como en la visión que del mismo se tiene desde el exterior, a través de un informe de dudosa utilidad, sin contraste ni base efectiva respecto a la duplicidad de funciones administrativas, el diputado general de Bizkaia utiliza la vacuna de la estabilidad de las leyes fundamentales que definen y estructuran dicho sistema y el diagnóstico de su rendimiento en comparación con otros ordenamientos institucionales. Así, a políticas tributarias desconcertantes y hasta contradictorias que, a nivel estatal, no han ofrecido nada frente a la difícil situación económica pero que el Gobierno López pretende trasladar a Euskadi pese a carecer de competencias en la materia; se les opone desde el ámbito foral una apuesta por el aumento de la actividad económica y la constancia en políticas tributarias de carácter progresivo, todo ello en un trabajo coordinado -y ya iniciado- de las tres diputaciones para la reforma del régimen tributario, en las antípodas de la unilateralidad y ausencia de consenso que ha utilizado al respecto y que acostumbra el Ejecutivo López. Así, en contraste con los problemas de liquidez y déficit del Gobierno vasco, que ayer mismo llevaron a una de las principales agencias de rating a rebajar de nuevo la calificación de la deuda pública vasca "por los problemas presupuestarios" del gabinete socialista; Bizkaia presenta una previsión de ejecución recaudatoria del 95,1% a final de año y un cálculo conservador para 2012 (-2,6% respecto a 2011). Así, ante las nada razonables pero desestabilizadoras alusiones de Lakua sobre el presunto alcance del fraude fiscal, el diputado aporta datos concretos de la lucha contra el mismo y medidas específicas, a poner en práctica en virtud de la competencia foral pero sobre todo estatal, para en su caso paliarlo. Así, frente a la falta de colaboración (y hasta la crítica) en la defensa de los mecanismos fiscales para incentivar la inversión cuya legalidad fue puesta en duda por la Comisión Europea, Bilbao planta al tiempo la prudencia (anticiparse a un no deseado fallo definitivo contrario) y la confianza (en el planteamiento de esa defensa) pese a la sorpresa de la falta de colaboración del comisario, socialista y vasco, Joaquín Almunia. En resumen, solvencia y seguridad frente a incertidumbre y desgobierno.