SI en algún momento hubiese cabido una mínima duda sobre el alcance de las carencias éticas de los comportamientos de Ana Urchueguía, manifiestamente reñidos con la prudencia y los principios básicos que deben regir la ayuda al desarrollo; estas quedan disipadas por la extrañamente encendida defensa de la exalcaldesa de Lasarte-Oria por parte de Patxi López, secretario general del PSE, aun en su condición de lehendakari; y por las esforzadas maniobras socialistas que, en forma de cortafuegos, han tratado de paliar los efectos del caso Urchueguía: la reunión en lehendakaritza con periodistas de medios afines que mantuvieron un incomprensible silencio sobre el caso durante semanas, la mordaza impuesta en los medios del ente público EITB, el control de los tiempos de publicación y las filtraciones parciales y guiadas al grupo de comunicación privado que más se distingue en el apoyo al pacto PP-PSE y al Ejecutivo López, y la utilización de resortes derivados del poder que, en Madrid y Gasteiz, ejercen los socialistas. Ocurrió hace dos meses cuando la valoración de la Fiscalía de Donostia coincidió con la comparecencia en el Parlamento Vasco de la aún delegada del Gobierno vasco en Chile y Perú tras la publicación por DEIA y el Grupo Noticias de sus cuestionables actuaciones en Somoto. La Fiscalía (órgano dependiente del Gobierno español) se pronunció sin ni siquiera investigar los hechos. Ahora, ha sido la filtración sobre las supuestas conclusiones de la Comisión de Investigación abierta en Lasarte-Oria y que, en contra de la opinión de la gran mayoría de los grupos de la comisión, concluiría que Urchueguía no cometió delito pese a que sí realizó "actuaciones no acordes a lo previsto legalmente", eufemismo que no logra hurtar al sentido común el torcimiento o elusión de las leyes por parte de Urchueguía. La denuncia de la oposición de Lasarte-Oria y su acusación directa al secretario del Ayuntamiento, quien habría elaborado un texto en virtud de los intereses del PSE-PP, no hacen sino ratificar lo que cualquiera -salvo el PSE y los medios que le soportan- entiende que el propio informe señala: Ana Urchueguía ejerció "las facultades como alcalde de forma verbal", "no aparece la documentación que debía estar archivada y debidamente custodiada", "documentos relativos a proyectos de cooperación enviados al Ayuntamiento no han sido debidamente registrados", "los expedientes no han seguido los procedimientos, control, archivo y custodia exigibles", "se han concedido subvenciones a entidades sin personalidad jurídica"... Más que suficiente para que los datos comprobados en nuestras informaciones, entre ellos la no declaración de algunos bienes por Urchueguía, obliguen a la asunción de las consecuencias políticas pertinentes por parte de quien ejerció su cargo con tamaña irresponsabilidad y de quien comete idéntico desatino al querer modificar una realidad que, al parecer, le afecta.
