DOS protestas públicas de dos colectivos ajenos a la pugna electoral y tan dispares como los alumnos de Musikene y los empresarios vascos en Colombia respecto a la administración de centros o áreas dependientes de Cultura y Acción Exterior y la gestión y actitud de sus responsables, nombrados por el Gobierno López, sitúan de nuevo a la opinión pública ante el nivel de conflictividad que el gabinete socialista ha generado a lo largo de sus dos años al frente de la Comunidad Autónoma Vasca y que se conforma en una retahíla de problemas que se han ido solapando en prácticamente todos y cada uno de los ámbitos relevantes sobre los que el Ejecutivo actúa: EITB (enfrentamientos con la plantilla, directrices políticas, caída de audiencias...), Transportes (CTB, línea 5 del metro, proyecto de Urduliz, lanzadera de Galdakao, tranvía a Rekalde...), Osakidetza (listas de espera, PAC, pediatras, euskera...), Ertzaintza (reestructuración del organigrama, ceses y traslados, denuncia de absentismo y enfrentamiento con los sindicatos, presencia de la Guardia Civil en Arkaute, modificación de los uniformes...), Empleo y Acción Social (suspensión de ayudas sociales, transferencia de políticas activas, puesta en marcha de Lanbide...), Educación (conflicto con la concertada, implantación de Eskola 2.0, de Educación para la paz, del modelo trilingüe, conflicto de comedores...), Cultura (Guggenheim, Consejo del Euskera, Contrato Ciudadano para las Culturas...), por citar algunos... y sin entrar en ámbitos de discrepancia institucional y/o política ni en la gestión de la crisis económica que ha llevado a duplicar el paro y sextuplicar la deuda pública. En el caso de Musikene, la renuncia de 13 de sus 17 directivos habla a las claras de la gestión de su coordinadora general, Carmen Rodríguez Suso, que incluye el arreglo extraconcursal para la contratación de Pierre Cao como director de Estudios Orquestales, los recortes en personal docente y su afección a la calidad de la enseñanza y, pese a ello, la no reducción del gasto (9,2 millones de euros) ante el aumento de cargos de designación, gestión que la consejera Celaá calificó sin embargo de "intachable" el pasado 16 de marzo. En cuanto a Acción Exterior, la denuncia de Emprebask y de la Euskal Etxea de Bogotá y la declaración del delegado del Gobierno López en Colombia y Venezuela, Iñaki Martínez, como persona non grata, se añade al caso Urchueguía por las actividades e inversiones de la delegada en Chile y Perú, Ana Urchueguía, en Somoto, localidad a la que como alcaldesa de Lasarte y en nombre de la FEMP destinaba las aportaciones a la cooperación al desarrollo, y a la extremada defensa de Urchueguía por el propio López, o a la situación de la delegación de Nueva York, tan estratégica como vacante dos años después. Y todo ello sin que desde el Gobierno haya salido un reconocimiento de error ni la exigencia o asunción de responsabilidades pertinentes.