LAS declaraciones del exsubcomisario José Amedo y del exjefe superior de la Policía Nacional en Bilbao, Miguel Planchuelo, en la primera sesión del juicio oral contra este último en la Audiencia Nacional por los ametrallamientos de los bares Batxoki de Baiona y La Consolation de Donibane Lohizune, cometidos por los GAL hace ya más de veinticinco años, vuelven a señalar de modo fehaciente e inocultable la realidad de la responsabilidad del Gobierno español en la concepción, impulso, financiación y encubrimiento del terrorismo de Estado que solo bajo esas siglas y entre los años 1983 y 1987 asesinó a un total de 28 personas en casi cuarenta atentados. Especialmente relevante es, además, la tajante afirmación de Amedo, quien comparecía en calidad de testigo puesto que ya fue condenado por estos mismos hechos en 1989, en la que califica al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, como último responsable de una trama en la que también implica directamente a otros altos cargos socialistas, como el entonces delegado del Gobierno español en Euskadi y hoy ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, y al entonces secretario general del PSE y hoy diputado, Txiki Benegas... además de al exministro de Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel (de los que solo cumplieron tres meses) por el secuestro de Segundo Marey pero indultados parcialmente por el Ejecutivo de José María Aznar. No es que Amedo y Planchuelo hayan aportado en sus declaraciones judiciales grandes novedades a las sospechas y denuncias públicas extendidas al respecto, pero sus afirmaciones sí exigen a la Justicia que deduzca testimonio y reabra la investigación sobre los GAL para determinar el nivel de implicación de aquellos a quienes han señalado, especialmente cuando la propia sentencia que condenó a Amedo -junto al policía Michel Domínguez- por los atentados de los que ahora se inculpa a Planchuelo especificaba que "Amedo y Domínguez defendían la estabilidad del sistema aunque por métodos jurídicamente repudiables", pero desestimó la consideración de terrorismo de Estado por la imposibilidad de determinar la estructura interna de los GAL que ahora, en sede judicial y bajo juramento, el entonces condenado acaba de revelar en su nivel máximo, reiterando además lo que ya el juez Garzón, en 1995, deducía en el sumario de los GAL que envió al Tribunal Supremo. La declaración de Amedo demanda también y además del Gobierno la desclasificación de los papeles del Cesid solicitados en 1995 y que el Ejecutivo Aznar se negó a dar a conocer en 1996 argumentando que afectaban a la seguridad del Estado, lo que impidió ampliar al investigación en el TS. Y exige, no por último, una rotunda condena pública por parte del PSOE y del PSE no solo por cuestión de ética sino también en virtud de su propia exigencia para con otras violencias.