EL principio de acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones entre el Gobierno español y las dos centrales sindicales de ámbito estatal, continuación del que socialistas y CiU suscribieron en el Congreso y que, con el apoyo de PNV y CC, lograba flexibilizar la decisión gubernamental de retrasar la edad de jubilación a los 67 años; no es sino el final predecible tanto por la situación general, la actual y la prevista, como por la particular en la que se movían el Ejecutivo y los sindicatos. El primero, encorsetado entre la presión internacional causada por la deuda del Estado español y la amenaza de una ruptura definitiva con la principal base social de su electorado tanto si es bajo el liderazgo de Zapatero como si no. Los segundos, atrapados entre la necesidad de limitar una reforma que amenazaba conquistas laborales y el temor a plantear medidas de fuerza que, de sumar un nuevo fracaso, les hubiesen abocado a la total pérdida de credibilidad y de futura capacidad de presión, especialmente con un cambio de gobierno en el horizonte. Y ambos, condicionados por los efectos generales de la crisis y por los datos económicos y los análisis demográficos que cuestionan la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio-largo plazo. En consecuencia, el resultado de la reforma -o de la suma de esta reforma y de otras- permite mantener el eje de la idea que Von Stein resumió a finales del siglo XIX como sozialstaat (estado social) y de una suerte de Economía Social de Mercado -y su bloque de derechos- en línea con la que implantó Konrad Adenauer en la Alemania de los años 60 aunque como aquel altere a la baja conceptos del welfare state (estado de bienestar) que la socialdemocracia europea había formulado años antes. Sólo que en el Estado español y en esta ocasión ha sido la propia socialdemocracia la encargada de corregir el sistema y a sí misma para proporcionar un equilibrio suficiente, o suficiente de cara a los mercados, entre la competitividad y la solvencia económicas y las políticas sociales. Una corrección que, por otra parte y en cuanto al sistema público de pensiones, el propio comisario europeo Oli Rehn ya pretende establecer en los veintisiete socios del bloque de la Unión Europea. En ese sentido y a pesar de las fuertes y lógicas reticencias a la alteración de derechos sociales obtenidos durante las últimas décadas, el carácter progresivo que se apunta a la reforma, la flexibilización de las condiciones que pretendía el gobierno y un cierto criterio de voluntariedad en la ecuación entre la edad de jubilación y los años cotizados proporcionan en la actual situación global un marco más razonable que el pretendido por el Ejecutivo, quien debe tratar aún de sumar consensos y de contemplar posibles factores de corrección que eviten problemas y conflictos similares en el futuro.
