TANTO el debate abierto interesadamente respecto a la actual configuración del Estado de las autonomías como el reaccionario rechazo político y mediático a la puesta en práctica en los plenos del Senado de la co-oficialidad del euskera, el catalán y el gallego se han trasladado a la opinión pública bajo una falsa apariencia económica que pretende justificarlos en las necesidades de recorte del gasto impuestas por una crisis global que empieza a servir lo mismo para un roto y para un descosido. El embalaje, sin embargo, no oculta la verdadera naturaleza que envuelve: la intención recentralizadora inherente al Estado español ya incluso cuando se configuraron las nuevas estructuras políticas que sustituían a la dictadura franquista y presente durante más de tres décadas como brida para sujetar -y mermar- las verdaderas potencialidades de los estatutos de las autonomías denominadas históricas. Solo dicha naturaleza explica la coincidencia de discurso entre representantes de los dos principales partidos de ámbito estatal, con tono y matices diversos pero idéntico enfoque y objetivo, al plantear una revisión de modelo obcecada en ignorar que el problema de la solvencia de España es principalmente de gestión y estructura económica y no está relacionado con la capacidad competencial de las autonomías históricas -como demuestra, por ejemplo, la mejor situación de la economía vasca- sino en todo caso con el intento del Estado de, por un lado, homogeneizar a las diecisiete autonomías para diluir los verdaderos hechos diferenciales de naciones como Euskadi, Catalunya y Galicia y, por otro, su resistencia a ceder poder en ámbitos que ya no le competen en virtud de los respectivos estatutos; lo que ha llevado a crear, en el primer caso, y mantener, en el segundo, una duplicidad administrativa innecesaria que eleva exponencialmente el gasto y, con la crisis, el déficit público. Que ni PP ni PSOE hayan contemplado revisar las atribuciones del Estado y no las de las nacionalidades constituidas en virtud de sus derechos históricos y a través de sus estatutos y de la disposición transitoria segunda de la Constitución ya es más que un indicio de lo que en realidad se pretende al iniciar un debate de peligroso horizonte. Y que no es sino una, otra, reconquista competencial que, en todo caso, PP y PSOE sólo podrían plantear legítimamente en aquellas comunidades en las que poseen mayoría social y que son precisamente las que provocan la distorsión de las cuentas públicas a raíz de la política de café para todos que ambos partidos desarrollaron con el fin de ocultar en una falsa apariencia de homogeneidad las aspiraciones de las naciones que el Estado contiene y retiene en su estructura. No se trata, en definitiva, de solucionar un problema de solvencia económica sino de ocultar las causas del mismo y, al tiempo, de usarlo en beneficio de una determinada voluntad política.
