EL abanico de reacciones, tanto en el ámbito del pronunciamiento de las formaciones políticas como en el de las acciones emanadas de los poderes del Estado, a la última aparición pública de ETA en la que ésta declara el alto el fuego "permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional", confirma que el texto se ha construido en el afán de permitir interpretaciones y es, una vez más, demasiado abierto y laxo para provenir de quien tiene la responsabilidad ética y social de deponer su actividad violenta precisamente como primera e inexcusable contribución a un "proceso democrático que supere todo tipo de negación y vulneración de derechos". La inconcreción que rodea a los tres términos que sí responden a lo solicitado por quienes alumbraron la Declaración de Bruselas no sólo permite reacciones dispares e incluso contradictorias sino que también alimenta las dudas respecto a la verdadera futura virtualidad de la propia declaración y de las intenciones de ETA. Y llega incluso a caracterizar como excesivamente forzados los intentos de amplificar el sentido textual del comunicado. Es, posiblemente, el caso del portavoz de la autodenominada izquierda abertzale, Txelui Moreno, cuando tal vez en la necesidad política de exacerbar el alcance de lo dicho por ETA llega a considerar que la declaración supone que "la lucha armada se ha acabado para siempre". Ojalá esté en lo cierto, pero tanto en su caso como en otros, incluyendo al Gobierno español y al Partido Socialista, las reacciones -al menos las reacciones públicas- a la declaración se antojan mediatizadas por intereses políticos que como mínimo interfieren en la asepsia con que se debe contemplar la realidad de las intenciones de ETA respecto al final de la violencia. Y en ese sentido son dos visiones de observador las que parecen haber interpretado con mayor prudencia no exenta de esperanza la postura de ETA. Así, Brian Currin -cuya mediación rechazó ayer el Gobierno vasco a través de su portavoz, Idoia Mendia, en una intervención tan imprudente como innecesaria a estas alturas- señala que se vislumbran indicadores que "pueden conducir" al final de la violencia, pero sin ir más allá. Y el presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, pide la libertad de Arnaldo Otegi y el final de la ilegalización de Batasuna, pero también recuerda a quienes se miran en el espejo de Irlanda que "el fracaso a la hora de aprovechar oportunidades y construir iniciativas llevó al proceso de paz irlandés a prolongarse mucho más de lo que debía" y llegó a situarlo en "riesgo de destrucción". Es posible que ETA necesite tiempo, sus tiempos, y que el Gobierno español maneje los suyos. Pero no pueden mantenerse indefinidamente en la inconcreción sin incrementar los riesgos de presentarse con otro fracaso ante la sociedad vasca.