QUE los derechos de la ciudadanía están sujetos al cumplimiento de la ley es tan incuestionable como que la Administración, y la misma sociedad, ha de ser firme a la hora de exigir que ésta se respete. Parece lógico, por tanto, que el Gobierno vasco vigile que los perceptores de ayudas sociales -88.000 hogares según sus propios datos- cumplan con los requisitos establecidos para acogerse a ellas. No sólo porque lo contrario sería ilegal y, quizás aún peor, injusto e inmoral, sino porque estaría malgastando recursos que son finitos en quienes no los necesitan mientras otros de entre los que en la sociedad sí los precisan no tendrían acceso a ellos. Es decir, no controlar el reparto de esas ayudas sociales supondría una dejación de sus responsabilidades de gobierno. No es, por tanto, el fin del celo que al parecer pretende el Departamento de Gemma Zabaleta para detectar el fraude entre los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) el que no se sostiene. Pero no se puede decir lo mismo del método de control elegido para extremar ese celo. Así, la decisión de retirar a 6.262 perceptores la RGI, que en muchos casos supone el muro económico de contención de la exclusión social, no puede nunca estar basada en un simple cruce de datos de dos listas administrativas inhábil para comprobar la realidad de cada caso, como se ha demostrado en errores ya contrastados que un gobierno no se puede permitir, menos en situaciones de esta naturaleza. Y esa realidad, como ha recordado Cáritas, revela una sociedad con bolsas de pobreza cada vez más grandes -las prestaciones concedidas por esta organización se han cuadruplicado este año en relación a la situación previa a la crisis- y hace patente la hipocresía que supone para esa misma sociedad y para sus administraciones mirar hacia otro lado. Al respecto de esto último, tampoco es cierto el argumentario populista que trata de generalizar la impresión de que los extranjeros son los principales protagonistas de ese fraude. Sólo el 20% de los perceptores de AES en Euskadi son inmigrantes y buena parte de ellos no pueden haber protagonizado la irregularidad a la que se refiere Zabaleta al no tener derecho a ser incluidos en las listas del Inem con las que se ha cruzado la de la RGI. Es inevitable considerar, por tanto, que el Gobierno vasco tampoco ha acertado al tratar de impedir que, tras su anuncio, el recelo social campe a sus anchas lo que denota cierta irresponsabilidad de Lakua al aventar las sospechas sin que hayan sido verificadas. Pero es que además, el anuncio obvió tanto a diputaciones como ayuntamientos, que son quienes gestionan esas ayudas, situándoles en una situación incómoda frente a la incomprensión de los perceptores afectados y/o de la ciudadanía, lo que extiende las dudas sobre el método también al verdadero objetivo del anuncio de esa medida destinada en teoría únicamente a la lucha contra el fraude.
