LA declaración de insolvencia de la firma austriaca A-Tec (antes ATB), propietaria de Babcock, sitúa al fabricante vasco de bienes de equipo con sede en Galindo al borde del cierre y supone la confirmación de los despropósitos cometidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el tortuoso proceso de privatización de la original Babcock Wilcox. La Sepi, y por tanto el Gobierno español, no puede eludir ahora la responsabilidad a que le obligan los acuerdos que siguen vigentes hasta mayo de 2011 respecto a las indemnizaciones y recolocaciones de los cuatrocientos trabajadores, pero tampoco los derivados del efecto que han tenido en la viabilidad de la empresa las dos ventas decididas por la propia Sepi contra los criterios de trabajadores, propietarios e incluso del Gobierno vasco del momento. La decisión de adjudicar Babcock a la alemana Borsig -oficializada en 2001- frente a la mejor oferta de la estadounidense McDermott, que incluía una mayor inversión y la formación de un grupo vasco de bienes de equipo, ya se constituyó en un sonoro fracaso apenas meses después. La posterior venta a ATB -en 2004 a través de su filial AE&E, que se encontraba en suspensión de pagos- pese al deseo de Borsig de adjudicarla al consorcio noruego Envioarc-Aker, que también ofrecía mejores perspectivas, se acaba de confirmar como otro enorme fiasco. Con el agravante de que en este caso la situación venía siendo denunciada desde el momento de la venta por los trabajadores ante la ausencia de un proyecto que mantuviera a Babcock con vida. Pero la responsabilidad de la Sepi en la situación de la empresa de Galindo no radica únicamente en sus errores, que se remontan incluso a una década anterior a los citados, sino en los motivos e intereses, ajenos a Babcock, que empujaron a la sociedad pública a cometerlos. El proceso de privatización ha sido objeto de informes contrarios del Tribunal de Cuentas, de una investigación de la Fiscalía y de una querella ante la Audiencia Nacional. En ese proceso desaparecieron 20 millones de euros en 2002 merced a una irregular renuncia a su cobro por la Sepi y se publicaron informes privados de ATB que situaban la compra de Babcock en un acuerdo más extenso entre el Gobierno español y el austriaco que incluía entre otros puntos la adquisición por este último de aviones cazas Eurofighter. Pero además la privatización (y declive) de Babcock ha sido paralela a la recuperación primero y despegue después del grupo asturiano Duro Felguera, que estaba a punto de hundirse. La responsabilidad de la Sepi y del Gobierno español va mucho más allá del cumplimiento de los compromisos con los trabajadores. Incluye la explicación pública de los motivos por los que, tanto con el PP como con el PSOE en el Ejecutivo, se llega a desmantelar otra de las empresas tractoras de Ezkerraldea.
