Unas elecciones distintas

EN las elecciones de noviembre de 2003, la política catalana daba un vuelco. Por primera vez en unas elecciones autonómicas, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) aventaja en porcentaje de votos a Convergéncia i Unió (CiU): 31,07% y 30,86%, aunque ésta lo superaba en escaños (46 a 42). Los socialistas formaron un gobierno de coalición con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y con Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) obteniendo así una mayoría absoluta de 74 escaños en una cámara de 135 diputados. Entre los logros más destacados del primer gobierno tripartito figuran un nuevo acuerdo de financiación que mejoraba el existente hasta entonces y la aprobación por el Parlamento catalán de un nuevo Estatuto de Autonomía que, tras una negociación a la baja entre el líder de la oposición, Artur Mas, y el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, fue aprobado por las Cortes españolas y en referéndum en junio de 2006 por los ciudadanos de Cataluña. El nuevo Estatuto elevaba la capacidad de autogobierno y de competencias que deberían ser transferidas a la Generalitat. A pesar de que la legislatura acabó antes de tiempo con la salida de ERC del gobierno, que recomendó votar no en el referéndum ya que consideraba que no se había respetado el texto salido del Parlament, y con la defenestración de Pasqual Maragall, la ciudadanía no valoró mal la gestión del primer tripartito y en las elecciones de noviembre de 2006 consiguió revalidar la mayoría absoluta con 70 escaños. Los partidos más castigados fueron el PSC y ERC que perdieron 5 y 2 escaños, respectivamente, mientras que ICV ganaba 3 escaños.

Pero la mejora del marco estatutario y del sistema de financiación no se tradujeron en una legislatura plácida para el segundo tripartito, formado por los mismos protagonistas y presidido ahora por José Montilla. Dos factores iban a determinar la legislatura. Por una parte, el PP presentaba ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el nuevo Estatuto. Por otra, en la segunda mitad de la legislatura, la crisis económica y las medidas tomadas por el Gobierno español para reducir el déficit iban a repercutir de pleno en el nuevo sistema de financiación y en las políticas sociales.

La falta de acuerdo entre el PP y el PSOE impidió la renovación del TC a pesar de que cuatro de sus miembros habían acabado el mandato en noviembre de 2007, otro murió en 2008 y uno más había sido recusado por los populares. Desde Cataluña, se consideraba que en esas circunstancias el TC estaba deslegitimado y la lentitud en la redacción la sentencia acabó exasperando los ánimos de los ciudadanos. Ánimos que, por otra parte, ya estaban bastante exasperados por la campaña anticatalana emprendida por el PP cuando se desmarcó del Estatut en los inicios de su redacción.

Finalmente, a finales de junio de 2010, el TC dictó sentencia y declaró anticonstitucionales total o parcialmente un seguido de artículos que afectaban al núcleo duro del Estatut: uso de la lengua propia, competencias en justicia y sistema de financiación. La desafección hacia España y el auge del independentismo que percibían las encuestas se hizo patente el 10 de julio en la manifestación posiblemente más multitudinaria que se ha celebrado nunca en Cataluña.

Paralelamente, los efectos de la crisis económica se hacían cada vez más patentes, especialmente en el sector de la construcción que acabó arrastrando al sector industrial y de servicios. Al mismo tiempo, las convocatorias de consultas sobre la independencia proliferaban en muchas localidades de Cataluña. Aunque no tenían valor legal y a pesar de que los índices de participación disminuyeron a cada nueva oleada, la asistencia de votantes venía a demostrar que la desafección respecto a España y el independentismo (no tanto por cuestiones identitarias sino por la convicción de que el actual Estado español no responde a las necesidades de los ciudadanos de Cataluña con independencia de cuál sea su origen) ganaban terreno.

Y llegamos así a las elecciones del próximo domingo, en que la abstención puede marcar un récord histórico superando largamente el 50% y en que el independentismo puede salir más debilitado que nunca. Puede parecer contradictorio, pero tiene su explicación. Por un lado, la crisis está golpeando a los sectores menos favorecidos de la población y el Gobierno autonómico no puede al mismo tiempo reducir el déficit e intensificar las políticas sociales. No hay duda de que en la legislatura que ahora acaba los niveles de inversión en sanidad, educación e infraestructuras han sido mucho más importantes que en cualquier legislatura anterior, pero los efectos de la crisis están laminando los beneficios en políticas sociales alcanzados en la primera mitad de la legislatura. La desconfianza hacia la política y los políticos va en aumento y en muchos sectores la desafección ya no es sólo respecto a España sino hacia la política, lo cual, dicho sea de paso, está siendo aprovechado por determinados grupos políticos para promover discursos xenófobos que criminalizan la inmigración.

Por otro, la fragmentación de las opciones independentistas, la desconfianza de antiguos votantes de ERC que le recriminan su participación en un segundo tripartito y la identificación de las elecciones autonómicas con una forma de encaje en España y un Estatuto que tras la sentencia del TC se da por amortizado favorecen la abstención y la diseminación del voto independentista. Por último, en este escenario, las encuestas predicen una victoria sin paliativos de CiU y la única incógnita a día de hoy es saber si el número de escaños que pueda obtener superará a la suma de los obtenidos por los partidos del tripartito -que PSC y ERC ya han asegurado que no reeditarán aunque llegaran a sumar- y será suficiente para gobernar en solitario o necesitará de apoyos parlamentarios; un retroceso sin precedentes del PSC y un derrumbe de ERC; el mantenimiento -escaño arriba o escaño abajo- del PP y de ICV; la presencia de Ciudadanos y, si la abstención es muy fuerte, la entrada en el Parlament con dos escaños de Solidaritat Catalana per la Indepèndencia, el partido del ex presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

Pero, sin duda, más allá de las previsiones en escaños que pueda obtener cada fuerza política, lo que acabará siendo determinante en estas elecciones será el nivel de participación, que supere el 50% es la última esperanza que les queda a socialistas y republicanos para contrarrestar el ascenso de CiU.