EL incumplimiento por parte de la Consejería de Cultura que dirige Blanca Urgell de la ley fundacional de HABE en el nombramiento como director del mismo del concejal socialista en Villabona, Joseba Iñaki Uribe, al no haber sido debatido en el patronato rector del citado organismo, ha reafirmado en el ámbito del euskera la desconfianza respecto a las intenciones del Gobierno que preside Patxi López sobre el uso y normalización de nuestra lengua. Las dudas no son gratuitas. Están fundadas en la actuación inconexa, disforme y de una laxitud hacia el euskera injustificada e injustificable -de la que el nombramiento de Uribe es la última irregularidad evidente- del Ejecutivo en el ámbito de la política lingüística. En 17 meses, el Gobierno López ha recibido la dimisión del viceconsejero de Política Lingüística, Ramón Etxezarreta, y del coordinador de su viceconsejería, Igor Calzada, por divergencias con las directrices del departamento de Urgell y diferencias con el viceconsejero Antonio Rivera, redujo en 2,4 millones de euros la aportación este año a los programas que estimulan el uso y la normalización del euskera fuera del ámbito escolar; ha incumplido en dos ocasiones el decreto (anterior) para la creación de un cuerpo de traductores e intérpretes jurados, cuya convocatoria sigue aún sin estar totalmente resuelta; ha tenido en el limbo del desconocimiento a los euskaltegis homologados respecto a las subvenciones para el actual curso y cuando finalmente las ha dado a conocer se han plasmado en reducciones (de un 12,3% en el caso de los euskaltegis públicos y de un 2,8% en los privados, pese al aumento en el número de matriculaciones); ha roto el acuerdo con Eudel para financiar los euskaltegis municipales, poniendo en peligro el empleo de 59 profesores; ha iniciado el proceso para rebajar el valor del euskera como mérito en las ofertas públicas de empleo, ha pospuesto en la práctica la rotulación bilingüe en el comercio, desoyó las recomendaciones del Consejo Escolar respecto al trilingüismo y su afección al euskera, trató de potenciar el modelo A en castellano en las aulas, ha dejado en punto muerto al Consejo Asesor del Euskera, al que sólo ha reunido una vez, en junio, para comunicar su remodelación en octubre, remodelación que tampoco se producirá este mes, ha paralizado la actualización del Plan General de Promoción del Uso del euskera... En definitiva, no es que haya hecho gala de un desapego al euskera ya de por sí inadmisible e inexcusable sino que todas y cada una de sus actuaciones -o no actuaciones- parecen ir encaminadas a lastrar su uso y normalización, lo que incumple las promesas electorales y públicas de López, desoye todas las recomendaciones internacionales respecto a las lenguas minorizadas y, más grave si cabe, pone en riesgo el trabajo en favor del euskera y los avances de varias décadas y generaciones.