EL acuerdo arrancado por el PNV al PSOE a cambio del apoyo del Grupo Vasco en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, y por tanto a la continuidad de la legislatura, tiene un carácter histórico que sobrepasa el ámbito de una mera negociación presupuestaria para convertirse en el mayor logro del autogobierno vasco en los últimos veinte años. No sólo porque comprende un volumen de transferencias que es en la práctica la cuarta parte de las alcanzadas desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1978 y el mayor paquete de traspasos desde 1985, ni siquiera por la propia relevancia de las competencias, sino porque además supone el inicio del fin del incumplimiento que los sucesivos gobiernos de España han impuesto a Euskadi a lo largo de décadas de loapización, encubierta o no, de la legalidad aprobada por la sociedad vasca y por las propias Cortes españolas hace ya treintaiun años y porque incluye el compromiso de avanzar hasta la ejecución definitiva de todas las posibilidades de autogobierno que presenta el texto estatutario, incluyendo el régimen económico de la Seguridad Social o, en su caso, las políticas penitenciarias. Si a eso se añaden inversiones por valor de 112 millones de euros en ámbitos tan cruciales como el científico-tecnológico o, entre otros, el compromiso con el TAV o la regeneración de la Bahía de Pasaia, la aportación para el estudio de las posibilidades museísticas en Urdaibai, es decir, la ampliación discontinua del Guggenheim Bilbao; o la presencia vasca en las reuniones del Ecofin, el órgano de la UE con competencia legislativa en materia económica y financiera; cabe concluir que el acuerdo desbrozado por el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, y los representantes del Grupo Vasco en el Congreso es un enorme paso adelante en la capacidad de Euskadi para gobernarse por sí misma. Pero todo ello ofrece, al tiempo, dos lecturas políticas ineludibles que cimentan esa misma capacidad. Por un lado, la confirmación de que las reclamaciones efectuadas durante décadas por el nacionalismo vasco y los anteriores gobiernos de Euskadi, pero también por la inmensa mayoría de los vascos, eran legítimas (y en consecuencia lo son y seguirán siendo) y sólo han sido obviadas por la nula voluntad de los gobiernos españoles de turno -únicamente doblegados a través de sus propias necesidades- a cumplir la ley y los deseos de la sociedad vasca. Y, por otro, que no es la afinidad ideológica, traducida a supeditación e incapacidad, del Ejecutivo de Lakua y el de Madrid, sino el empeño y el compromiso de quienes, ahora también desde la oposición, tienen los intereses de Euskadi y sus ciudadanos como fin y objetivo últimos los que llevan a la sociedad vasca a avanzar en la consecución de herramientas que reviertan en su bienestar y desarrollo.