LA consecución del acuerdo entre el Grupo Vasco y el Grupo Socialista en el Congreso, entre PNV y PSOE, para la transferencia a Euskadi de políticas sociolaborales por una cuantía de 472 millones de euros acaba con más de tres décadas de cerrazón y negativas de los sucesivos gobiernos del Estado al cumplimiento, junto a las más de treinta transferencias aún pendientes, de parte de las potencialidades esenciales del Estatuto de Gernika estipuladas en sus artículos 12 y 18. Evidencia también y de nuevo la histórica falta de respeto de Madrid al autogobierno que aprobó para sí la sociedad vasca hace treinta y dos años, únicamente superada por las propias necesidades momentáneas y particulares del Ejecutivo español de turno, hasta el punto de que el acuerdo ahora conseguido no es sino la culminación con retraso del mismo compromiso que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había adquirido hace un año y al que se ha avenido por fuerza -o mejor, por pura debilidad- al ser premisa sine qua non impuesta por la formación jeltzale para iniciar una negociación que permita a Zapatero, de acabar con éxito, sacar adelante los presupuestos del próximo año y, por tanto, la legislatura. Pero la consecución de la gestión íntegra de las políticas activas de empleo, incluyendo las bonificaciones empresariales, la intermediación laboral, la formación contínua de los trabajadores y la formación ocupacional de los desempleados, la inspección de trabajo y el Instituto Social de la Marina , con su auténtica valoración económica a través de la aplicación del 6,24% del cupo, saca asimismo a la luz la realidad del Gobierno que preside Patxi López, su pasividad política, su inexistente capacidad de influencia y, en definitiva, su absoluta supeditación a Madrid incluso en materias esenciales en tiempos de crisis y paro. Esas carencias han sido nítidas en los 16 meses transcurridos desde que el 21 de mayo de 2009 el propio López anunciara, junto al ministro de Política Territorial del Gobierno español, Manuel Chaves; para el 1 de enero de este año una transferencia valorada entonces en 300 millones, es decir, más de un tercio menos de la realidad que corresponde recibir a la sociedad vasca, tal y como finalmente el Ejecutivo de Zapatero ha terminado por admitir. Que por no aceptar o esconder su fracaso, López y el PSE traten ahora de arrogarse siquiera una mínima parte de un éxito que en ningún caso les corresponde, no hace sino exponerles ante la ciudadanía en su desnudez política. El autogobierno y el Estatuto -que López ha prometido tantas veces cumplir- no se defienden con la vestimenta del marketing y la comunicación que confeccionan los asesores, sino desde la convicción, la actuación política consecuente y, sobre todo, anteponiendo los intereses de Euskadi a aquellos que, dictados desde otros foros, nada tienen que ver con los de la sociedad vasca.