Aprobado con insuficiente

EL Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero solventó ayer el paso de la reforma laboral por el Senado con un empate a doce votos en la Comisión de Trabajo e Inmigración que sólo permitió aprobar la misma, siguiendo el reglamento de la Cámara, mediante la traslación de dichos votos a los escaños que representan (129 por 123), lo que sirvió para confirmar el exiguo margen que manejan los socialistas, ratificado por la derrota del PSOE respecto a cuatro enmiendas de BNG y PNV. En realidad, únicamente el hecho de que se votara en comisión, es decir, en bloque; impidió a ERC e ICV, que están incluidos en la Entesa, votar contra el proyecto, que volverá al Congreso el próximo día 9 para lo que será, sin embargo, su previsible aprobación definitiva. Es decir, la reforma laboral saldrá adelante, en cualquier caso, sin un consenso nítido que si ciertamente y en aritmética parlamentaria no es imprescindible sí se puede considerar más que necesario socialmente respecto a una ley que atañe a derechos y a aspectos tan vidriosos de las relaciones laborales como la flexibilización de las causas objetivas y la reducción de las indemnizaciones por despido, la supeditación de las negociaciones colectivas, la alteración de los modelos de contratación y el endurecimiento de las condiciones del subsidio de desempleo. En cualquier caso, la votación de ayer ha servido para comprobar que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley supone además una paulatina reforma de la reforma con enmiendas tan controvertidas como la reducción de cien a treinta días del plazo que tienen los parados para rechazar cursos de formación y que, sin embargo, ha obtenido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, o la pretensión del Gobierno, explicitada esta misma semana por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de reducir igualmente las opciones de rechazo de ofertas de trabajo, en lo que los principales sindicatos ya han considerado una simple operación de maquillaje de los catastróficos datos de desempleo. Es decir, el proyecto de ley no cuenta con el amplio y nítido consenso político que se puede considerar necesario y, por el contrario, sí soporta el unánime rechazo sindical sin llegar a contentar a los empresarios, lo que provoca serias dudas sobre la efectividad de una reforma que adolece de los mismos o similares defectos a todas aquellas que se han venido realizando -cuatro en los últimos 26 años- cada vez que el mercado laboral se veía sacudido por los problemas estructurales de la economía española, entre los que el paro no es el menos relevante, que siguen pendientes. Pero además su aprobación, si como parece se lleva a cabo, tampoco reducirá la inestabilidad del Gobierno de Zapatero, imprescindible para hacer frente a una situación económica que los analistas internacionales ya han advertido de que puede empeorar en el último trimestre del año.