La apertura de un nuevo escenario político en Euskadi precisa de la ruptura con las dinámicas que han enquistado el conflicto y, al mismo tiempo, del reforzamiento de aquellas otras que han posibilitado los avances que se perciben hoy. Entre las primeras habría que citar en primer lugar la persistencia de la violencia de ETA. Un proceso político no puede tener detrás la amenaza de las armas, sea de forma presente con atentados o de manera latente, como ha ocurrido en los periodos de alto el fuego. Un proceso político tampoco puede desarrollarse cuando se niega la palabra a alguna de las sensibilidades ideológicas del país. En el otro lado de la balanza, un escenario de normalización requiere de gestos de distensión, de reconocimiento del daño producido, de reparación a las víctimas y, sobre todo, de diálogo, de mucho diálogo entre todas las partes implicadas. La izquierda aber-tzale sucesora de Batasuna ha reiterado en los últimos tiempos que apuesta por las vías políticas para la resolución del conflicto. No es la primera vez que se produce un anuncio de este tipo, pero en procesos anteriores esa declaración de intenciones ha contado siempre con el telón de fondo de la acción de ETA. Ayer, representantes de este sector político acusaban al Gobierno español de torpedear su apuesta por un nuevo escenario, a base de "pisar el acelerador represivo". Afirmaban que el Ejecutivo socialista "profundiza hasta límites insospechados la política penitenciaria" e impulsa duras peticiones fiscales "contra decenas y decenas de militantes de las estructuras de la izquierda abertzale". No es, evidentemente, una dinámica nueva por parte de un Gobierno español, pero tampoco lo es la interpretación que de ello hace la izquierda abertzale radical, y su respuesta. El punto de inflexión para esta dinámica no puede ser otro que la desaparición de ETA de la escena vasca. La izquierda abertzale radical lo sabe. Y sabe también que el único valor añadido que puede tener su apuesta actual, es que esté libre de sospechas en relación a lo que pueda hacer ETA. Lo contrario sería precipitarse definitivamente al abismo y arrastrar consigo a todos aquellos que hayan confiado en sus palabras. Por otra parte, en el debe del Gobierno español aparece la ilegalización de este sector político y la utilización de la Ley de Partidos en beneficio electoral propio. José Luis Rodríguez Zapatero debería escuchar los consejos que le ofrecen expertos en resolución de conflictos como Brian Currin, que reclaman movimientos en política penitenciaria, y no como una estrategia de política antiterrorista, sino como un paso para la distensión que abra una vía sólida hacia la paz. En opinión de este abogado, la situación se halla en un punto muy delicado. Actuar con inteligencia supone no repetir los errores del pasado. Y cada parte sabe cuáles fueron.
