Una Iglesia sin pueblo

LA carta remitida por 677 laicos, religiosos y sacerdotes de la Diócesis de Bizkaia al nuncio del Papa en España, monseñor Renzo Fratini, solicitando que las autoridades de la Iglesia católica admitan y tengan en consideración las opiniones de las iglesias locales y las comunidades evangélicas en la designación de los respectivos obispos, supone una nueva advertencia a la política que el Vaticano viene manteniendo respecto a las diócesis vascas, aunque no únicamente respecto a ellas, a través de la Segunda Sección de su Secretaría de Estado, especialmente desde que Benedicto XVI designara en 2006 al arzobispo de origen marroquí Dominique Mamberti para dirigir la relación con los Estados. Porque, aún siendo cierto que el nombramiento de los prelados es potestad de la máxima autoridad de la Iglesia católica, no lo es menos, como recuerdan los diocesanos en su carta, que el actual Código de Derecho Canónigo reclama como válida la participación de las iglesias locales en el proceso de designación de los prelados y que el Papa puede bien elegir libremente a éstos o "confirmar los que han sido legítimamente elegidos" por sus diócesis. Dicha posibilidad, sin embargo, ha venido siendo sustituida a través del uso, o del abuso de la mal entendida autoridad o de la burocracia eclesiástica, por la confirmación a lo que la Sección Segunda propone en virtud a los informes de las nunciaturas, en este caso de la nunciatura en España, y de la Conferencia Episcopal; informes que incluyen intereses ajenos al principio evangelizador y que aparecen mediatizados por las relaciones entre el Vaticano y los Estados. Y en ese proceso de carácter más diplomático que eclesial y en lo que concierne al Estado español, no es posible obviar ni la figura ni la influencia de monseñor Rouco Varela en las decisiones tomadas en los últimos tiempos por Roma respecto a las diócesis vascas, que experimentan un claro cambio de orientación a partir del relevo de Elías Yanes por Rouco en 1999 y coinciden con una politización de la actividad de la CEE que tampoco es ajena al impulso de los grupos de ideología ultraconservadora que han procurado hacerse con el control de la curia vaticana en las últimas décadas. Más claramente, los nombramientos de José Ignacio Munilla o Mario Iceta, polémicos por su falta de imbricación con la iglesia que deben dirigir y contestados por las bases de ésta precisamente cuando, como es notorio en Euskadi, más necesitado está el catolicismo de recuperar el pulso y una relación cercana con quienes han sido, son, o pueden ser sus fieles; no son mas que el resultado de un proceso en el que han influido más los intereses de Estado y las afinidades políticas que los fundamentos y preceptos evangelizadores. Y ello no puede suponer a la postre salvo un si cabe mayor alejamiento entre la Iglesia católica y la sociedad,