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Entre el hartazgo y la responsabilidad

La desigual pero nada despreciable respuesta a la huelga convocada por la mayoría sindical en el sector público vasco engloba la doble exigencia de limitar la incidencia de los recortes sociales y de atemperar la respuesta en plena crisis

LA huelga convocada ayer por la mayoría sindical -ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS- en el sector público vasco tuvo, a tenor de las divergencias en los datos ofrecidos por los convocantes y el Gobierno vasco, un seguimiento desigual aunque no despreciable que muestra, al mismo tiempo, el hartazgo de la parte de la sociedad penalizada por las medidas de ajuste del déficit aprobadas por el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero y el anuncio de su aplicación en Euskadi por Patxi López y la responsabilidad con que la propia sociedad afronta una situación que además de injusta entiende económicamente difícil. Más allá de la guerra de cifras y de la incidencia del paro en la vida ordinaria de los ciudadanos, la jornada de ayer constituye una seria advertencia que, en consonancia con esa doble lectura que realizó ayer el cuerpo funcionarial vasco, también debe entenderse en dos sentidos. Por un lado, supone un evidente toque de atención al Gobierno López y su pretensión de imitar la parcialidad de los recortes de Zapatero endosando la deficitaria gestión pública en el Estado al poder adquisitivo de los ciudadanos vascos sin respetar, además, acuerdos ya existentes y sin utilizar los mecanismos que el autogobierno otorga a las instituciones vascas para encarar de manera diferente una situación que además es notoriamente distinta en Euskadi. Que la mayoría de los trabajadores públicos optara ayer por secundar la huelga no puede entenderse de otra forma. Sin embargo y por otro lado, la actitud de una parte relevante del funcionariado al no secundar el paro también debe entenderse como una llamada a la responsabilidad de las centrales sindicales a la hora de convocar y desarrollar medidas de fuerza que pueden agravar la situación económica y, por tanto, afectar también seriamente a la situación personal de los trabajadores. Lógicamente, los sindicatos están en su derecho a utilizar las medidas de presión legales que consideren oportunas -la huelga no es sino la más extrema de las mismas- para defender los derechos que, a lo largo del siglo XX, han venido conquistando los trabajadores ahora que éstos se ven amenazados por una depresión económica a cuya génesis son ajenos, especialmente ajenos en Euskadi, pero dichas medidas no pueden ni deben obviar tampoco la responsabilidad, que ya quedó en cierto modo patente ayer en un planteamiento contenido de la jornada de paro, que les compete como agentes sociales en lo que se adivina como un lento y largo camino de superación de la crisis. De que logren atemperar sus impulsos, por comprensibles que éstos sean, depende también que la sociedad vasca esté al frente de la recuperación económica, y por tanto las conquistas sociales, a pesar de la evidente falta de imaginación y liderazgo para proponer soluciones de que adolecen quienes gobiernan en Euskadi y en el Estado.