La urgencia sin concretar

LA primera reunión entre las instituciones vascas para determinar la afección en Euskadi de las medidas que José Luis Rodríguez Zapatero pretende aprobar el próximo jueves en el Congreso, de cara a paliar el acusado déficit público que padece el Estado español, sirvió para comprobar que, a pesar de una disposición general responsable ante la grave situación económica, la postura de las diputaciones forales y también de Eudel plantea matices evidentes con respecto al planteamiento del Gobierno vasco que, en su caso, pueden convertirse en profundas divergencias si el Gobierno español no considera y el Ejecutivo que preside Patxi López no exige el cumplimiento de la normativa, los mecanismos y las herramientas del autogobierno vasco en materia económica. Es preciso considerar que las seis propuestas trasladadas por López a José Luis Bilbao, Xabier Agirre, Markel Olano y Jokin Bildarratz siguen padeciendo de una inconcreción difícilmente comprensible doce días después del anuncio de Zapatero en el Congreso si se repara en el teórico nivel de interlocución que debería existir entre los dos gobiernos y el traslado casi literal de medidas que pretende López y se atiende a la urgencia que el propio Ejecutivo español ha venido utilizando como argumento para justificar la parcialidad del plan y su incidencia casi exclusiva en las políticas sociales y la inversión pública. Porque es en esos dos campos, es decir, en el núcleo de la propuesta, donde es preciso explorar todas las posibilidades que ofrece el régimen foral para permitir que la sociedad vasca utilice su especificidad y no se convierta en pagana de un déficit que no ha causado. Es precisamente lo que buscan las diputaciones con la convocatoria del Órgano de Coordinación Tributaria, competente para determinar las medidas fiscales que beneficiarían a pensionistas y desempleados en busca de paliar los efectos del reajuste social que pretende Zapatero, con la pretensión de limitar la rebaja del sueldo de los funcionarios en virtud del mucho menor endeudamiento y el más ajustado dimensionamiento de las administraciones vascas y con la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto Económico para analizar y supeditar a la legalidad vasca pero también a la proporcionalidad del déficit la pretendida reducción de 1.200 millones de euros a CC.AA. y ayuntamientos. Y, en cualquier caso, tampoco se puede obviar, aun cuando Euskadi haga valer, como le corresponde, los derechos a autogobernarse que emanan del Estatuto, que las medidas planteadas por el Gobierno español no ofrecen una solución a la crisis económica, sino que apenas servirán para paliar el déficit público en el corto plazo y deben ir acompañadas de otras reformas estructurales que eviten no los efectos sino las causas de los males endémicos que afectan a la economía estatal.