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Tarde, apresurado y dividido

El Gobierno socialista deja entrever en la costosa aprobación del decreto de medidas antidéficit el apresuramiento con que se decidieron y anunciaron las mismas y notorias divergencias internas que cuestionan aún más su capacidad frente a la crisis

LA aprobación por el Gobierno español, tras una reunión de más de cinco horas, del decreto ley que incluye los recortes anunciados en el Congreso por José Luis Rodríguez Zapatero para rebajar el grave déficit público de en torno a 300.000 millones de euros que soporta el Estado evidencia que la resistencia al recorte social y la rebaja de la inversión pública en infraestructuras, aunque se puedan considerar necesarias debido a la situación económica y financiera de España, no sólo es notoria en la sociedad sino que también se refleja en el propio Ejecutivo, en el que han aflorado posturas reacias a que las consecuencias del déficit -y de la pésima gestión del propio gobierno durante dos años- recaigan en quienes no han tenido nada que ver en la génesis del problema. En otras palabras, que la crisis ha pasado ya claramente del ámbito económico al político abriendo serias grietas en la cohesión del PSOE y del propio Gobierno y cuestiona también internamente el liderazgo de Zapatero, lo que no hace sino agravar los ya serios problemas del Ejecutivo para hacer frente a la situación con unas mínimas garantías. El timing del Consejo de Gobierno revela también que el plan esbozado en el Congreso por el presidente español la semana pasada apenas era eso, un esbozo apresurado con el que satisfacer las demandas del Ecofin, de las principales potencias europeas y de Estados Unidos para que España rebajara el déficit en 15.000 millones y que dicho apresuramiento impidió el análisis en profundidad de las posibilidades de recorte presupuestario que hubieran evitado la parcialidad de las medidas. Posibilidades que, además, el Ejecutivo sigue desoyendo pese a haber sido apuntadas por diversas formaciones de la oposición y que van desde una reducción del tamaño de la administración estatal al redimensionamiento de un gabinete inflado, pasando por el reajuste en las cuentas de ministerios concretos como el de Defensa. Las mismas palabras de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, al relacionar con el enorme déficit los planes de estímulo que Zapatero impulsó en base a un razonamiento electoral en lugar de a una lógica económica, al tildar de "conservadora" la previsión de la rebaja de medio punto del crecimiento que a buen seguro provocará la menor inversión en obra pública y al resistirse a confirmar la otra vez esbozada pero no concretada y además inane subida de impuestos a rentas que superen el millón de euros ratifican tanto las discrepancias internas como la continuada y no rectificada incapacidad para diseñar una política económica eficaz y una reforma estructural de la economía española que no trate de paliar las consecuencias de la situación sino de evitar que ésta se agrave a corto plazo o se repita en un futuro.