El traslado del déficit

EL Mecanismo de Estabilización Financiera aprobado en la madrugada del domingo por el Ecofin, que se traduce en una bolsa de 500.000 millones de euros, a los que hay que añadir otros 250.000 millones del Fondo Monetario Internacional, para detener la más que peligrosa deriva de la deuda europea, o más bien de las deudas soberanas de los países miembros de la UE y entre ellas la del Estado español, y la consiguiente amenaza sobre el euro como moneda única, ha permitido un respiro a los mercados y a las economías nacionales menos estables, pero no es la panacea de una situación que exige medidas estructurales encaminadas a la creación de un único gobierno económico de la UE y, como ha llegado a apuntar el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, de un marco fiscal común a toda la Unión Europea. Primero, porque esa gobernanza económica única daría al euro el respaldo institucional imprescindible del que ahora carece. Y segundo, porque como se puede intuir con Grecia, las economías estatales de países como España, Portugal, Irlanda o Italia podrían verse ante la imposibilidad de cumplir las premisas actuales para acceder a las ayudas en caso de necesitarlas debido a las consecuencias sociales -y eso si se comprueba en el caso griego- que se derivarían de ellas. En el Estado español, por ejemplo, ya el compromiso anunciado tras la reunión del Ecofin por la titular del Ministerio de Economía y vicepresidenta Elena Salgado de una rebaja añadida de medio punto en el déficit público en 2010 y de otro punto en 2011, es decir, cinco mil millones de euros este año y diez mil millones el próximo, aun a falta de una explicación de las medidas que se pretenden implementar para hacerla efectiva, se antoja más que difícil. El Gobierno de Rodríguez Zapatero -quien debe explicar hoy su plan en el Congreso- ya vivió una crisis interna hace unas semanas ante el intento de Salgado de congelar los salarios de los funcionarios, intento rechazado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que es una de las escasas vías de reducción del déficit que se le plantean al Ejecutivo. El aumento de impuestos, que se añadiría a la subida del IVA, o la cancelación de inversiones en infraestructuras serían otras dos posibilidades, pero la primera ya ha sido descartada públicamente y la segunda supondría sacrificar la más que dudosa recuperación económica que pretende el Gobierno. Así que habrá un traslado, más o menos explícito, de la responsabilidad hacia las Comunidades Autónomas en forma de un recorte del gasto centrado en los ámbitos de Personal, Educación y Servicios que provocará agravios comparativos y que, además, lleva implícita la admisión del fracaso del planteamiento del café para todos como modelo de Estado por insostenible.