La paz subtitulada

LA polémica política abierta a raíz de la reformulación del Plan de Educación para la Paz puesta en marcha por el actual Gobierno vasco corre el riesgo, premeditado o no, de ocultar entre declaraciones la verdadera dimensión de un problema que no es precisamente de divergencias en cuanto a la conveniencia de educar a la juventud vasca en derechos y valores universales como la no admisión de las actitudes violentas o el fomento de la comprensión hacia quien las sufre. No, el problema no radica en el fondo de la cuestión, incontestable desde el punto de vista ético y humano y sobradamente comprendido por la absoluta mayoría de la sociedad vasca, sino en las formas, el método, y en la impresión de que en dicho método subyace otro objetivo que nada tiene que ver con los principios morales que deberían alumbrar la iniciativa. Así, la pretensión de confundir valores básicos imprescindibles, como los de los Derechos Humanos y los de la democracia, en un todo único que los amalgama con la defensa de la Constitución española de 1978 cuando dicha Carta Magna sería a lo sumo una traducción legal de los mismos, a los que en varios aspectos incluso limita; sólo se puede entender como un enredo de fin ideologizante, si no adoctrinador, que subtitula el concepto de paz además de un error de concepto tan evidente como el de considerar que quienes ocupan la representación política en un sistema concreto no tienen derecho a cuestionar dicho sistema o los aspectos del mismo que no comparten. En ambos casos, y ahí es donde se sitúan diferencias difícilmente reconciliables no sólo respecto a la educación de la juventud, desde las dos formaciones políticas mayoritarias en el Estado español que sustentan el actual Ejecutivo vasco se exacerba la legalidad como el summum moral y el umbral último de lo admisible, y se sintetiza -y por tanto minimiza- el alcance de los fundamentos éticos dentro del armazón textual de la ley y su obligatoriamente condicionada e interesada lectura. O, lo que es lo mismo, se degrada la educación para la paz, entendida ésta como derecho inalienable, hasta convertirla en la educación de una paz restringida a su interpretación legal y, por tanto, sus condicionantes políticos. Si además se considera pública y también interesadamente que quien cuestiona el método y sus fines carece de compromiso con quienes han sufrido o sufren el efecto de la violencia o de sinceridad a la hora de encararla -incluso si quienes los cuestionan son objetivo de esa misma violencia tal y como se ha vuelto a apuntar en las últimas horas- sólo se abona la polémica y se dificulta sobremanera el logro de un consenso más que exigible en una materia tan delicada en el desarrollo de las sociedades como es la formación de las próximas generaciones.