Irregularidades habituales

EL nuevo capítulo de irregularidades detectadas en la gestión del alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, con el pago, pese al criterio del interventor, eludiendo la obligación de convocar concurso público y por la vía del decreto de alcaldía; de 1.645.503 de euros a la empresa de la hoy directora de Administración Turística y Competitividad del Gobierno López, Isabel Muela, se une a las evidentes anomalías que han venido siendo denunciadas, y evidenciadas en un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el Área de Acción Social y concretamente en las operaciones de adjudicación y gestión del Centro de Integración Socio-cultural (CIS) de la localidad fabril. En este nuevo caso, la contratación en más de 160 ocasiones entre 2002 y 2008 de los servicios de Embi S.L., la empresa que fundó Muela y de la que tuvo que apartarse no sin polémica al acceder a la dirección de Turismo del Gobierno de Patxi López, bastaría para conjeturar con un presumible trato de favor por parte del Ayuntamiento de Barakaldo hacia la firma dedicada al protocolo y la organización de eventos y, al verse afectadas varias áreas del consistorio por esos contratos, deducir que dicho trato de favor emanaba directamente de la alcaldía. Si además el pago de más de la mitad de esas contrataciones (1.645.503 euros de un total de 2.628.140) se realizan por decreto del alcalde, fórmula irregular y no sujeta a control, sin autorización de pago previa, incumpliendo la normativa o tras fraccionar el objeto del contrato con el fin fraudulento de evitar la obligación de abrir un concurso público, las conjeturas sobre el modo de proceder de Tontxu Rodríguez se convierten en algo más que sospechas, que se verían confirmadas por el hecho de que al menos siete de esas contrataciones fueron verbales, lo que está expresamente prohibido por la legislación que regula la actividad de la Administración Pública. Sin embargo, siendo todo ello de una gravedad meridiana, aún lo es más la constatación de que todas esas irregularidades cometidas en el CIS o en las contrataciones de Embil no serían, dada su reiteración, simplemente fruto de una relación especial entre el PSE de Barakaldo y las firmas beneficiadas en esos casos, que también, sino que esa forma de actuar estaría tan extendida que se habría convertido en habitual en el proceder del equipo de gobierno municipal de Tontxu Rodríguez, con lo que ello implica de incumplimiento de las más elementales normas de buen gobierno y, sobre todo, de los compromisos adquiridos con los habitantes de Barakaldo. Finalmente, la resistencia del alcalde, al menos en el caso del CIS, a responder a los requerimientos de la oposición a convocar una Junta de Portavoces en la que tratar, y si es posible aclarar, todos esos aspectos; invitaría a la Fiscalía a actuar de inmediato, con anterioridad a que el PSE de Barakaldo deba responder, esta vez obligatoriamente, ante los vecinos.