¿Justicia y versátil?

EL anuncio de un proceso penal contra el juez Baltasar Garzón, quien se sentará en el banquillo para afrontar un juicio por presunta prevaricación a raíz de su intento de investigar los crímenes del franquismo, lleva a cuestionar una vez más si la Justicia puede incluir entre sus características la de la versatilidad sin menoscabo del principio universal de la igualdad ante la ley y, por tanto, de la misma justicia. Cierto es que dicho principio ya está en duda en todos los sistemas judiciales en virtud de las circunstancias personales, económicas, sociales o políticas de los acusados, pero no lo es menos que la Justicia, para tratar de ser justa e independiente, debe siquiera tender a uniformar la exigencia de responsabilidades ante una misma acción delictiva, lo que el sistema judicial español obvia en demasiadas ocasiones. La actividad judicial de Garzón no es precisamente un caso aislado aunque, por pionera y recurrente en las formas, puede servir como paradigma. Investigaciones, autos, sumarios y resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional con el mismo o mayor nivel de artificio argumental -y por tanto con similar fundamento penal- que el que se le achaca ahora para juzgarle por apropiarse de la causa por los crímenes franquistas, han sido jaleados desde instancias gubernamentales, políticas y jurídicas y confirmados después por los mismos órganos del Poder Judicial pese a que forzaban hasta el extremo la interpretación de la ley y entrañaban un quebranto de los derechos fundamentales, además de evidentes conculcaciones de procedimiento. Principalmente, aunque no sólo, en causas abiertas contra ciudadanos vascos, algunas de ellas impulsadas precisamente por quienes ahora se han querellado contra el juez que acuñó la aplicación extensiva del delito en cuanto a su consideración y en el ámbito geográfico de la competencia a través de la universalidad de la justicia, a la que apeló en la internacionalmente alabada imputación del dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes similares sobre los que ahora no se le permite investigar. Las contradicciones son tan evidentes que sólo pueden dar lugar a dos consideraciones. La primera, que Garzón se ha topado con la pactada impunidad que el Estado español ha mantenido sobre los crímenes y criminales franquistas desde el inicio de la Transición y durante más de tres décadas y que ha tenido, además, su principal apoyo en el ámbito de la judicatura. La segunda, que ese mismo Estado español y esa misma judicatura han permitido, más bien alentado, que se conforme, por la vía de los hechos, una legislación especial aplicable a cualquier disidencia, especialmente la procedente de Euskadi y no necesariamente violenta, respecto a la idea de la unidad de España. En ambos casos, la utilización política está en el origen de la desigualdad ante la ley que imposibilita una verdadera justicia.