El que no actúa, otorga

VEINTICINCO cargos públicos o internos del Partido Popular implicados en el sumario, cuatro Comunidades Autónomas -Madrid, Valencia, Galicia y Castilla-León- gobernadas por los populares directamente afectadas al igual que una decena de ayuntamientos, declaraciones que apuntan al conocimiento, y algo más, de la trama por parte de los dos ex tesoreros del partido, Álvaro Puerta y Luis Bárcenas, evidencias como la adjudicación sólo en la Comunidad de Madrid de 364 contratos sin concurso público a empresas de los principales acusados y pagos constatados de comisiones ilegales por al menos 27 millones de euros apuntan a que la trama Gürtel conforma bastante más de lo que la alcaldesa de Valencia, la popularRita Barberá, definió ayer como una "pandilla de delincuentes". Por ello, incluso sin soslayar la imprescindible pero cada vez más difícil presunción de inocencia de quienes figuran en los 50.000 folios del sumario, Mariano Rajoy no puede ocultar su afección tras el muro de silencio que el presidente del PP parece haberse empeñado en levantar en su derredor hasta el punto de prácticamente anular su agenda de actos públicos de ayer. Menos aún cuando la trama Gürtel puede ser el más extendido, pero ni mucho menos el único caso de corrupción en el PP. Ahí están las acusaciones e imputaciones sobre el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el presidente de los populares canarios, José Manuel Soria, y el ex presidente balear Jaume Matas, por citar algunos. Rajoy, con su silencio y sobre todo con su inacción a la hora de atajar los presuntos delitos de corrupción que ya asolan la actividad política e institucional de su partido a casi todos los niveles, otorga el derecho a sospechar de una presunta y compleja financiación irregular del PP y no logra sino retrasar -y posiblemente ampliar- los efectos que el escándalo tiene para su propia formación y, lo que es peor, para la actividad política en general, aumentando la ya de por sí mermada confianza de los ciudadanos en sus representantes. Es precisamente esa responsabilidad con la sociedad y con la propia dignidad de la actividad política, de índole superior incluso a la que Rajoy y su equipo adquirieron en su día ante los militantes del PP, la que exige la adopción de decisiones inmediatas y aclaraciones rotundas que, además y curiosamente, los mismos miembros del PP -como Alfonso Alonso o Iñaki Oyarzábal en el ámbito más cercano- han reclamado y hasta han llegado a considerar insuficientes al ser puestas en práctica de manera inmediata por otras formaciones en relación a investigaciones policiales o fiscales mucho más incipientes y menos justificadas. Medidas que se antojan sencillas de ejecutar en el caso de que se trate, como pretenden los populares sobre Gürtel, de actuaciones personales aunque, en este caso, no aisladas.