Acoso al euskera en Nafarroa

Miles de personas salieron ayer a la calle en Iruñea para reivindicar un derecho tan obvio y, sin embargo, tan inalcanzable de hecho como la libertad para estudiar y vivir en euskera -es decir, en una de las lenguas propias de la comunidad- en muchas zonas de Nafarroa. Que el euskera es patrimonio de todos los navarros nadie lo discute, al menos en el plano teórico. Tampoco UPN, pues el propio Miguel Sanz lo ha venido admitiendo -cierto que a regañadientes y sin convicción alguna- en sus tres lustros como presidente foral. El problema radica en que ese discurso se compadece muy mal con la praxis del regionalismo, que se ha parapetado tras la Ley del Vascuence de 1986 -que consagró la zonificación lingüística- para no moverse ni un milímetro, imponiendo ese inmovilismo basado en el prejuicio y el sectarismo a la creciente demanda de la sociedad navarra a acceder al conocimiento y al uso del euskera. Hasta tal punto ha llegado UPN en lo que es una obsesiva persecución de la lingua navarrorum que a Sanz no le tembló el pulso ni un ápice para expulsar de su Gobierno a los consejeros convergentes Pérez-Nievas y Esparza porque CDN se abstuvo en una iniciativa para incluir en la zona mixta a varios municipios. Texto que hubiera prosperado incluso con el voto desfavorable de Convergencia y que por otra parte se basaba en las propias encuestas sociolingüísticas del Ejecutivo, sondeos cuyo diseño controló personalmente el propio Sanz y que luego descalificó cuando el resultado no se ajustó a sus intereses. La consecuencia de esta sostenida labor de zapa -intensificada en momentos de crisis como el actual, aprovechando las estrecheces presupuestarias para estrangular aún más el euskera en todos los ámbitos- es que, 25 años después, en Nafarroa se sigue vulnerando el derecho a estudiar en todo el sistema público en una de las dos lenguas oficiales. Es decir, que ni siquiera se cumple la premisa democrática básica de que los poderes públicos adecuen la oferta a la demanda, que es lo que precisamente instó el Defensor del Pueblo en su último informe, en la línea de lo expresado de forma reiterada por reputadas instancias europeas. Por tanto, la movilización social a favor del euskera como la que tuvo lugar ayer no puede estar más justificada. De hecho, qué hubiera sido de la lengua vasca en Nafarroa si no es por la vigorosa y entusiasta iniciativa privada. Bien entendido que la reactivación del movimiento reivindicativo debe guiarse por principios de inclusión, esto es, tiene que abrirse a cualquier ciudadano que no crea en esa Nafarroa sólo en castellano que pregona UPN, erradicando toda tentación partidaria de patrimonializar el euskera y privilegiando su condición de riqueza cultural para toda la colectividad.