El realismo social

QUE la sociedad vasca goza, incluso en los actuales momentos de crisis económica globalizada, de un mayoritario y más que satisfactorio estado de bienestar y que éste ha permitido alcanzar un ratio de prestaciones sociales comparable, e incluso en casos superior, al de las sociedades más avanzadas es una realidad empírica. No se constata únicamente en las cifras de las partidas presupuestarias que la hacen posible sino también en su traducción a las actuaciones individuales que permiten dar cobertura a situaciones concretas. Es, como afirmaba ayer el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, una inmensa parte -el 48% del presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia para 2010, con un crecimiento del 212% desde 2003- del compromiso institucional con las personas que, en definitiva, son el destinatario obligado de cualquier acción de gobierno pese a excepciones no tan infrecuentes y no tan lejanas. Pero si alcanzar el presente estadio de bienestar se ha basado durante décadas en un estricto ejercicio de realismo que ha permitido incrementar paulatinamente las prestaciones, mantener éstas exige ahora más que nunca exacerbar la precisión de esa objetividad que ha llevado a Euskadi a mejorar ampliamente las medias de las coberturas del Estado. Por ejemplo, en ayuda a domicilio, servicios a mayores de 65 años, centros residenciales y de día o renta básica. Y hacerlo ante un horizonte de envejecimiento plobacional evidente supone que entre las responsabilidades actuales de las administraciones públicas recae la de la gestión impecable de los recursos incluyendo la puesta en práctica de medidas correctoras para blindar un sistema que por su propia vocación de extensión en el servicio soporta ciertas situaciones de aprovechamiento e incluso de fraude. Entre otros motivos porque dichas situaciones siembran peligrosos interrogantes en la imprescindible solidaridad y en consecuencia en la sostenibilidad del propio sistema. Pero, además, la misma protección del actual estado de bienestar recomienda actualizar la financiación de la que se nutre la atención a los mayores y también a personas dependientes y excluidas para prevenir y evitar que ésta se convierta en una carga inasumible desde los presupuestos lo que, en definitiva, es lo mismo que decir inasumible por la propia sociedad. En ese sentido, la posibilidad de un gran pacto institucional y político que garantice las atenciones sociales a medio y largo plazo se antoja más que necesario y la búsqueda de un incremento en los ingresos destinados a tal efecto mediante nuevas modalidades tributarias parece ineludible siempre y cuando comporte las premisas de mantener el criterio lógico de proporcionalidad, de dedicación directa y exclusiva a la protección social y de seguridad para que, en ese caso, el sistema no deje lugar a actitudes insolidarias.