Gasolina al debate

A la primera ocasión de que han dispuesto, los elementos más irreductibles y proclives al mantenimiento de la violencia como método de actuación política han actuado como suelen. En la madrugada de ayer, los alborotadores quemaron una unidad de Bizkaibus en Markina, que quedó totalmente destruida, incendiaron varias máquinas canceladoras y una oficina de la estación de metro de Aiboa y, finalmente, sabotearon y realizaron pintadas amenazantes en la sede del PSE de Deusto. Todos ellos, ataques intolerables e injustificables, por mucho que sus autores y quienes les jalean -a menudo desde la distancia- intenten encuadrarlos en la supuesta protesta popular por las detenciones habidas en la última redada policial contra miembros de Segi. En primer lugar, los ataques que han destruido un autobús valorado en 280.000 euros y el mobiliario de una estación del metro han causado un grave perjuicio al conjunto de la población, tanto por el valor material de los destrozos -cuantiosos y que pagan todos los ciudadanos- como por los problemas y retrasos de transporte que han tenido que sufrir tras estos hechos. Asimismo, las amenazas contra el Partido Socialista -o contra cualquier formación política- no por repetidas dejan de ser sumamente graves porque atentan contra la libertad y la convivencia. Estas acciones violentas de quienes se creen salvadores de la patria, además, tienen lugar en un momento crítico, en el que la izquierda abertzale está inmersa en un debate crucial sobre su futuro, que incluye la siempre pendiente cuestión de la continuidad de la lucha armada. Actos violentos de esta naturaleza son un obstáculo objetivo para este debate porque no ayudan en nada a una reflexión serena en ese mundo, necesitado de mucha prudencia y de pasos arriesgados. Tradicionalmente, el sector ahora al parecer minoritario de la izquierda abertzale partidario del mantenimiento de la violencia ha cortocircuitado cuando no impedido cualquier debate de esta naturaleza y ha impuesto la línea a seguir. Lo reconocían explícitamente en su carta los presos Joseba Urrusolo Sistiaga y Carmen Gisasola cuando afirmaban que "fueron sólo unos pocos de ETA y otros pocos desde algunos aparatos de la izquierda abertzale quienes se empeñaron en seguir con la lucha armada". Por esta razón resulta aún más peligroso que los actos violentos interfieran en el debate, ya de por sí complicado, porque es difícil creer que la kale borroka sea espontánea o fruto de la indignación de algunos jóvenes por unas detenciones y más bien parecen mensajes dirigidos al mantenimiento del statu quo. Tan peligroso como que el Gobierno español se autoengañe con informes tan poco creíbles como su propia política y ponga públicamente fecha final a ETA para 2020. Da pavor sólo pensar quién dirige la política "antiterrorista".