Dignidad y algo más

EL editorial publicado ayer por doce diarios catalanes respecto a la aprobación del nuevo Estatut y las interminables y pervertidas deliberaciones del Tribunal Constitucional tras los recursos de inconstitucionalidad planteados por el PP de Mariano Rajoy y también por el Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica; ofrece un exacto análisis de la deriva del Estado y sus poderes públicos en su afán por desdeñar, recortar e impedir las legítimas y además legales posibilidades de autogobierno con que se superó el periodo de la Transición a finales de los 70 y que quedaron especificadas en las leyes orgánicas englobadas en lo que se ha venido a denominar el Bloque Constitucional. Más allá de las fundadas críticas a la actual composición del TC y de las no tan veladas a los verdaderos motivos -el citado desdén del Estado y la lucha partidista por el poder judicial y político- del incomprensible retraso de la sentencia, el texto constata sobre todo la brecha por la que se precipita en el Estado español la democracia entendida como compendio de derechos y no como conjunto de normas e instituciones. Esa brecha, harto conocida en Euskadi, es la que, en virtud de una visión uniformadora y por tanto nacionalista de España, separa la legitimidad democrática de la paulatina y arteramente instaurada legalidad que, al parecer, es lo único que trata de salvaguardar un Tribunal Constitucional contaminado por la ideología de la homogeneización estatal. En ese marco y por el contrario, la defensa que el editorial La dignidad de Catalunya hace de la definición de la "nación catalana y la consiguiente emanación de símbolos nacionales" supera la concepción más nacionalista de dichos términos y se sitúa en la raíz de "los pactos profundos" de hace treinta años para condicionar la continuidad de éstos a la comprensión por el Estado y sus poderes públicos de la obligatoriedad en el respeto a lo que una sociedad desea y aprueba mayoritariamente, que no es sino la práctica del derecho a decidir por sí misma, y la legitimidad democrática que otorga una amplia mayoría social que, en este caso, viene refrendada por la aprobación del Estatut en referéndum. El texto, que comete un error al citar como "privilegio" la peculiaridad foral surgida precisamente de otra legitimidad democrática e histórica, va incluso más allá al explicitar el "creciente hartazgo" en la sociedad catalana -constatado en las múltiples adhesiones al escrito- y al advertir que ésta no es "débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad" tras soportar ya limitaciones, "cepillados", en sus ansias de proyectar hacia el futuro su autogobierno. Todo ello pone en manos del TC y su sentencia la responsabilidad de que Catalunya, pero no sólo ella, decida convertir la disyuntiva entre legitimidad y legalidad en el inmediato cauce de un viejo-nuevo soberanismo.