QUE las próximas elecciones presidenciales serán peculiares es algo que muchos temen y algunos esperan en Estados Unidos, pero no hay que esperar hasta noviembre del año próximo para verlo, sino que ya ahora tenemos una muestra de la inestabilidad de la situación política.
De momento, reina una aparente tranquilidad en el Partido Demócrata, que sigue casado con el presidente Joe Biden a pesar de todas sus mancas: senilidad, poco apoyo popular, problemas de corrupción, pero sus expertos creen que puede repetir victoria como ocurrió hace tres años, porque esperan que la situación económica vaya mejorando y, especialmente, que en el bando contrario tengan un candidato inviable en el ex presidente Donald Trump, además de un partido político fragmentado.
Porque de momento, a pesar del sentimiento general que no se entusiasma ni con Trump ni con Biden, ambos partidos parece que van a repetir en las elecciones de noviembre: los republicanos a Donald Trump, quien sigue desafiando las predicciones de que su carrera política está acabada y los demócratas a su actual presidente.
Un ciclo que no tiene nada que ver
En circunstancias normales, lo que hasta ahora ocurría es que, en esta fase política, ambos partidos trataban de ganar votos entre gente dispuesta al cambio o indecisa, además de conservar a sus seguidores. Es algo que hacían a través de actos electorales y publicidad política.
Pero el ciclo de este año tiene poco de normal, aún menos que el anterior que vio la derrota de Trump y la llegada de un anciano con senilidad evidente al Despacho Oval: tanto o más que en ganar votos, las campañas parecen querer ganar sentencias, aunque para ello hayan de recurrir a instancias cada vez más altas que, ya en estos momentos, han llegado a la máxima, que es el Tribunal Supremo.
Es porque el fiscal independiente elegido por el gobierno del presidente Joe Biden, Jack Smith, apeló al Tribunal Supremo para que decida si el expresidente Donald Trump tiene algún tipo de inmunidad por las acciones de que se le acusa tras perder las elecciones celebradas en noviembre de 2020, o si se le puede perseguir como a cualquier ciudadano de a pie y cerrar así su regreso a la Casa Blanca. Además de apelar al máximo tribunal, Smith también le dio prisa y le fijó un plazo de hasta el 9 de enero, algo totalmente contrario a la parsimonia habitual del máximo tribunal del país.
Un Supremo de mayoría conservadora
La petición de Smith encaja perfectamente con la agenda del Partido Demócrata, que trata ahora por todos los medios de desprestigiar al Supremo, un tribunal de nueve magistrados que en estos momentos tiene una amplia mayoría republicana de seis a tres. Como estos magistrados tienen cargos vitalicios, los demócratas tratan ahora de compensar la desventaja política que este tribunal podría representar a base de desprestigiarlo y de ampliar el número de magistrados para colocar a sus propios juristas, algo que pueden tratar de hacer ahora que el presidente y el Senado (quienes nombran y confirman a los magistrados del Alto Tribunal) están controlados por su partido.
Para el Supremo, el caso presentado por el fiscal Smith es casi salomónico pues cualquier decisión se puede interpretar como interferencia electoral por uno u otro partido...o quizá los dos. Pero los magistrados respondieron también de forma salomónica rechazando la jurisdicción -y la prisa- sobre el caso, lo que lleva nuevamente la candidatura de Trump a niveles más accesibles al público y elimina un riesgo político para el Supremo.
Unas elecciones en los tribunales
Sin embargo, las elecciones siguen fuera de su terreno habitual, es decir, el voto, y se llevan a los tribunales: De momento, hay ya una sentencia del Supremo de Colorado que cierra el camino a Trump y en otros estados también han pedido a su correspondiente Supremo que intervenga en las elecciones.
Cuesta imaginar que semejantes tácticas aumenten la confianza del electorado en el funcionamiento de sus instituciones democráticas, cuando no son los votos, sino las maniobras jurídicas las que pueden decidir el futuro político del país.
Y más aún, refuerzan la divergencia entre las élites costeras, muy dadas a confiar en pleitos y juristas, y las masas de la clase trabajadora que todavía creen -o creían- que son los votos de cada ciudadano los que decidirán el futuro político del país y su calidad de vida.
