Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) trataron de hacerse con datos electorales “sensibles” extraídos de las máquinas de conteo del sufragio tras las elecciones de 2020, según publicó ayer el diario The Washington Post.

El medio, que dijo haber tenido acceso a documentación que lo demostraría, indicó que los abogados de Trump dirigieron a un equipo de expertos informáticos para copiar datos sensibles de los sistemas electorales en estados clave como Georgia, Nevada y Michigan. Los representantes del exmandatario pagaron por adelantado a los informáticos, en uno de los casos, 26.000 dólares.

El Post relató cómo la abogada Sidney Powell envió a un equipo a Michigan a copiar datos electorales de un condado rural y del área de Detroit; otro abogado hizo lo mismo para Nevada, y el día 7 de enero de 2021, justo después del asalto al Capitolio, se les envió al sur de Georgia.

En la jornada de ayer se conoció que el que fuera abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, está siendo investigado en el estado de Georgia por su implicación en los intentos del expresidente de invalidar las elecciones de 2020, en las que perdió ante el actual mandatario, Joe Biden.

Giuliani, cuyas teorías conspiratorias sobre una presunta interferencia a favor de los demócratas en los comicios han sido objeto de la investigación criminal que lidera la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tendrá que comparecer ante un gran jurado en la localidad de Atlanta (Georgia).

Desde el pasado mes de mayo, un gran jurado especial en Georgia analiza si el expresidente y otras personas cometieron delitos al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones de 2020.

También este lunes, un juez federal rechazó el intento del senador republicano Lindsey Graham de no comparecer ante el jurado especial, por lo que tendrá que declarar el próximo 23 de agosto para responder sobre dos presuntas llamadas telefónicas que realizó a funcionarios electorales de Georgia.

En Georgia y otros estados de EE.UU., los grandes jurados especiales no pueden emitir acusaciones criminales, pero sí tienen poder para exigir la comparecencia de testigos bajo citación judicial y la transferencia de documentos, dentro de un proceso que transcurre en secreto.

Al terminar su cometido, ese tipo de jurados, que están compuestos por entre 16 y 23 personas, emiten un informe con sus conclusiones y a veces recomiendan una medida u otra, pero corresponde a los fiscales decidir si acusan o no, algo para lo que necesitarían presentar pruebas a otro gran jurado.

Devolución de pasaportes

El expresidente norteamericano lleva varias semanas ocupando la atención mediática de los principales medios de comunicación a nivel internacional. Después del registro realizado la semana pasada en su mansión Mar-a-Lago de Florida, el FBI devolvió ayer al magnate los pasaportes que se llevó durante el registro, según informó un portavoz de la agencia federal a la cadena Fox.

“En la ejecución de los registros, el FBI busca y requisa el material ordenado por el juez y después devuelve el que no necesita guardar para los objetivos de la investigación”, apuntó a la cadena un portavoz de la Oficina Federal de Investigación.

Trump había denunciado el lunes, en un mensaje en su red, Truth Social, que el FBI le “robó” tres pasaportes, uno de ellos ya caducado, en el registro efectuado la semana pasada a su mansión de Florida en busca de documentos clasificados. “¡Wow! En la redada del FBI en Mar-a-Lago robaron mis tres pasaportes (uno vencido) junto con todo lo demás. Esto es un asalto a un oponente político de un nivel nunca antes visto en nuestro país. ¡Tercer mundo!”, dijo Trump.

El portavoz del FBI, por su parte, aclaró a Fox que eran dos los pasaportes caducados.

La redada, que tuvo lugar el pasado 8 de agosto, tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el exmandatario republicano supuestamente sacó de la Casa Blanca cuando abandonó el poder en 2021.

Información secreta

El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió este lunes al juez que mantenga secreta la declaración jurada con la que justificó la petición de registro de la casa de Trump, al alegar que su publicación podría afectar el curso de la investigación.

En un documento de trece páginas dirigido al juez de Florida que lleva el caso, el fiscal Juan Antonio González solicitó que no se publique el documento porque podría “alterar la trayectoria de la investigación, revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles”.

Varios medios de comunicación estadounidenses pidieron que se publicara la declaración jurada enviada por el Gobierno al magistrado para justificar el registro en casa de Trump, una petición que fue aprobada por la Justicia.

El juez ya permitió que se publicara el pasado viernes la orden de registro, al estar de acuerdo las dos partes. Sin embargo, la orden fue dictada por el juez y lo que ahora solicitaban los medios era que se conociera también la declaración jurada con la que el Departamento de Justicia había justificado que el FBI registrara la mansión de Trump.

“Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este material podría tener consecuencias devastadoras para las reputaciones de los individuos”, justificó el Departamento de Justicia.