La legislatura está en marcha en el Estado pero el ambiente de permanente precampaña electoral se ha enquistado y muestra síntomas de ser la estrategia con la que la oposición de la derecha pretende obstaculizar la acción de Gobierno. A Pedro Sánchez le corresponde ofrecer mecanismos para estabilizar a las instituciones y no solo para obtener las mayorías coyunturales para acometer los retos sociales, económicos, ambientales y de convivencia que llaman a su puerta, por la que pasan las necesidades de todos. En ese escenario cabe enmarcar su propuesta de reunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, antes de fin de año y la oferta de constituir una mesa conjunta con la que afrontar, de momento, la estabilización institucional del Poder Judicial, que arrastra un descrédito fruto de su utilización instrumental por intereses políticos que se materializa en la imposible renovación de su órgano rector, el Consejo General (CGPJ) en funciones durante toda la última legislatura. El PP ha rechazado ya esa posibilidad con una retórica que vincula a las mesas de Sánchez con los nacionalistas que, sin embargo, no oculta su pretensión de mantener una mayoría ideológicamente afín de espaldas a la normativa que exige renovarla acorde a los ciclos políticos que legitiman las urnas. El CGPJ es hoy un descrédito que no debe seguir desgastando la imagen de la magistratura pero que no tiene visos de ser liberado del secuestro en el que le mantiene la derecha a la espera de que una mayoría parlamentaria propia blanquee su instrumentalización durante años. La fórmula del PP es hacer irrespirable el ambiente político, evitar ámbitos de consenso y obstruir la acción política ejecutiva allí donde pueda hacerlo. El Senado, cámara de segunda lectura, solo es un retraso a esa acción, que siempre podrá ser refrendada por el Congreso, pero su utilización acredita que el respeto a las instituciones democráticas no está en la agenda de esta derecha. El peligro de trasladar al ámbito de la judicatura la labor de una oposición condenada a la derrota por razón aritmética se ha practicado en el pasado y se puede reproducir, dando la razón irresponsablemente a las denuncias de lawfare. La negativa a dialogar para no explicitar la naturaleza de las diferencias amenaza la convivencia, supeditada a la consecución del poder.
