LA desagradable sensación de subasta de perfil electoralista que venía arrastrándose en las últimas semanas con anuncios de varios presidentes autonómicos relativos a una reducción de los tipos fiscales, fundamentalmente de IRPF, no se va a despejar con la entrada del Gobierno español en el debate aplicando medidas que hasta la fecha no contemplaba ni ha justificado suficientemente. Sin pretender sugerir que haya improvisación en las medidas anunciadas ayer por la ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero, no cabe obviar que la batería de iniciativas fiscales ha llegado anunciada en pleno pulso liderado por las autonomías del PP en favor de una menor presión fiscal a las rentas más altas, que ha abierto el melón del conjunto del modelo. Montero fija la posición opuesta con una mayor presión a los tramos más altos de ingresos y una rebaja a las rentas menores de 21.000 euros, a la que se añade un impuesto temporal a las grandes fortunas. Las medidas tratarían en paralelo de aliviar la tensión de los precios sobre los bolsillos más expuestos tratando de no reducir la recaudación mediante una mayor recaudación en los más holgados y los beneficios de la grandes empresas. A expensas de explicaciones más amplias, el objetivo último de progresividad fiscal –más aportación al erario público de quien más dispone– tiene formas menos mediáticas de afrontarse. Por ejemplo, aplicando una mayor diversidad de tramos tanto en la retención en nóminas en función de ingresos –no pasan de la docena los tramos en la tabla de retenciones en la autonomía más “progresiva”, cuando en las Haciendas forales de la CAV son 37 y en Nafarroa 25– como en la definición de las bases liquidables –8 tramos vascos por 6 en el Estado–. La progresividad redunda en que se equilibren las responsabilidades fiscales de las rentas medias y no caigan en tramos similares a rentas mucho más elevadas. No se trata de cuestionar medidas concretas sino de configurarlas con un sentido completo, objetivos claros y mecanismos fiscales de estabilidad sostenible. La excepción del momento socioeconómico puede demandar medidas coyunturales sobre los beneficios y los ingresos más elevados pero principios como la progresividad y la suficiencia de los recursos públicos tienen que ser la base de las decisiones.